VTV en la provincia: debate por cambios en el sistema

La Provincia mantiene el esquema obligatorio mientras conviven proyectos para derogar el trámite o municipalizar la recaudación.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) continúa siendo un requisito obligatorio para circular en la provincia de Buenos Aires. En medio de las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno nacional, la administración encabezada por Axel Kicillof ratificó la vigencia de su propio esquema, conservando el sistema de plantas concesionadas, el otorgamiento de turnos, el cronograma por finalización de patente y el cuadro tarifario oficial.

Dentro del esquema provincial se mantienen vigentes exenciones y bonificaciones arancelarias para determinados sectores, entre los que se encuentran personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), jubilados y pensionados con haberes mínimos, servicios de bomberos, transporte escolar, taxis, remises y unidades con más de 20 años de antigüedad. No obstante, las autoridades remarcan que dichos beneficios abarcan únicamente el costo de la tarifa, sin liberar al conductor de presentar el vehículo a la revisión técnica correspondiente.

En el plano legislativo provincial conviven dos iniciativas que buscan modificar la estructura actual. La primera de ellas, impulsada por el diputado Andrés De Leo (Coalición Cívica), propone derogar los artículos de la Ley 13.927 que establecen la obligatoriedad del control. La propuesta sostiene que la revisión representa un costo excesivo para los automovilistas y argumenta que los siniestros viales obedecen principalmente a factores humanos e infraestructura deficiente, asignando a las fallas mecánicas un porcentaje mínimo.

La segunda iniciativa, presentada por Ignacio Zavaleta (GEN) mediante el mecanismo de iniciativa ciudadana, no elimina la inspección técnica pero plantea descentralizar su gestión. El proyecto faculta a los municipios a prestar el servicio a través de talleres propios o establecimientos locales certificados, asignando el 100% de los fondos recaudados a las arcas comunales para su uso exclusivo en señalización, equipamiento de tránsito e infraestructura vial urbana y rural. Por el momento, ambas propuestas permanecen en etapa de debate sin sanción parlamentaria.