La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó de «provocación» el nombramiento del teniente general Carlos Presti como ministro de Defensa. La medida, que lo convierte en el primer militar al frente de la cartera desde 1983, rompe un acuerdo fundamental de la democracia argentina: que la conducción estratégica y política de las Fuerzas Armadas debe ser ejercida por civiles.

La decisión del Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, de nombrar al teniente general Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa generó un fuerte rechazo en organismos de derechos humanos y figuras políticas de la oposición. El nombramiento, que se oficializará el 10 de diciembre, rompe una tradición ininterrumpida de 42 años de control civil sobre el ámbito castrense, un consenso establecido desde el retorno a la democracia en 1983.

La voz más contundente en rechazo fue la de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien no dudó en catalogar la designación como una “provocación”. Carlotto argumentó que la decisión «es iniciar una situación de violencia en la sociedad, cuando ya sabemos la vida que ha tenido la Argentina con los Golpes de Estado, con las dictaduras y con todo lo que hemos sufrido”.

La histórica referente de los derechos humanos sostuvo que nombrar a un militar en un cargo de política de Estado es un error de gestión y de principios: “Esta idea de poner a un militar como ministro de Defensa es una provocación, es ponerlo en un lugar que no le corresponde, primero porque no está preparado para eso y segundo que no lo sabe hacer”.

El quiebre de la conducción civil de la Defensa

 

El Ministerio de Defensa, tal como se estructuró en la posdictadura, fue concebido para garantizar que las políticas estratégicas y el control presupuestario de las Fuerzas Armadas fueran responsabilidad exclusiva del poder político electo, ejercido por un civil. Este principio, pilar de la normalización democrática, fue respetado de manera estricta por todos los gobiernos de diferentes signos políticos, incluyendo administraciones peronistas, radicales y macristas.

El Gobierno de La Libertad Avanza busca revertir lo que denomina la “demonización” de las Fuerzas Armadas, y un comunicado de la Oficina del Presidente señaló que la designación de Presti tiene como objetivo profundizar la “profesionalización, modernización y despolitización” del ámbito castrense, y que se está «inaugurando una tradición» que debería ser continuada por la dirigencia política futura.

No obstante, las voces críticas advierten sobre el riesgo de confundir la jerarquización y profesionalización de las fuerzas con su involucramiento en la esfera de la política partidaria y de Estado. La crítica de Carlotto apunta precisamente a esto: “El que tiene vocación militar que esté en esa vocación y que cumpla con la obligación de defender y defendernos, pero las políticas de estado las manejan los civiles. Estos son inventos que destruyen la identidad.”

Presti, un perfil controvertido para los organismos de DD.HH.

 

El teniente general Carlos Presti, actual jefe del Estado Mayor General del Ejército (JEMGE), tiene un extenso currículum dentro del Arma de Infantería. Egresado del Colegio Militar en 1987, fue comandante de la IV Brigada Aerotransportada, director del Colegio Militar y jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601, además de participar en la Misión de Paz en Haití.

Sin embargo, su perfil carga con un elemento adicional que lo hace particularmente sensible para los organismos de derechos humanos. Presti es hijo de Roque Presti, quien fuera comandante del Regimiento de Infantería 7 de La Plata durante la última dictadura cívico-militar. Esta conexión familiar intensifica el rechazo, especialmente en un contexto donde el Gobierno de Milei ha promovido un discurso negacionista o minimizador de los crímenes de lesa humanidad. La agrupación H.I.J.O.S. también se sumó al repudio, calificando la decisión como un «retroceso enorme».

El rechazo político y el riesgo de «utilización partidaria»

 

Las críticas trascienden a los organismos de derechos humanos y se extienden a la dirigencia política. Ex ministros de Defensa de distintas administraciones peronistas coincidieron en señalar un «retroceso democrático».

Agustín Rossi, ex ministro de Defensa durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, advirtió que la medida representa un «enorme retroceso para la democracia argentina» y subrayó que “las Fuerzas Armadas quedan involucradas en el destino del Gobierno, cuando deberían estar preservadas de cualquier circunstancia política”. En la misma línea, Jorge Taiana remarcó que la conducción civil es un “consenso democrático de más de 40 años” y que nombrar a un militar implica la «utilización partidaria» de la institución.

El nombramiento de Presti se produce cuando se está por conmemorar el 50 aniversario del golpe de Estado de 1976. Para Carlotto, este tipo de acciones “están mortificando al país con ideas extrañas y tenemos la obligación de impedírselo”. La presidenta de Abuelas concluyó con una crítica directa a la forma de ejercer el poder: “No podemos vivir los ciudadanos esperando qué va a hacer hoy el presidente”, y lamentó tener que vivir “una humillación permanente” ante lo que considera «disparates».

En síntesis, la llegada de Presti al Ministerio de Defensa marca un punto de inflexión simbólico y operativo en la política de defensa nacional, reabriendo una discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas y su relación con el poder político civil que se consideraba zanjada desde hace más de cuatro décadas.