La Cámara Nacional del Trabajo hizo lugar a una medida cautelar presentada por la CGT y frenó el núcleo central de la Ley 27802. Desde la FTIA calificaron la decisión como un paso fundamental para evitar un perjuicio inminente sobre los derechos constitucionales de los trabajadores.

En un fallo de gran impacto para el escenario gremial y político, la Justicia Nacional del Trabajo dispuso la suspensión de la vigencia de 82 artículos de la Ley n° 27802, denominada oficialmente como «Ley de Modernización Laboral». Esta resolución judicial responde directamente a la medida cautelar interpuesta por la Confederación General del Trabajo (CGT), apuntando al corazón de las reformas que el Poder Ejecutivo buscaba implementar en la legislación vigente.

El dictamen judicial establece un límite constitucional a la reforma, argumentando la necesidad de evitar una afectación grave a las personas e instituciones involucradas. Según el fallo, la suspensión permite un análisis profundo del derecho de fondo sin poner en riesgo la paz social. Los magistrados advirtieron que, de no mediar esta interrupción, existiría un riesgo cierto de «perjuicio inminente» para los trabajadores y trabajadoras de todo el país.

Desde la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA), conducida por su Consejo Directivo, expresaron su firme respaldo a esta decisión. La entidad sindical subrayó que la protección de las leyes y la progresividad de los derechos sociales y laborales no son solo conquistas históricas, sino la base del desarrollo económico bajo normas internacionales.

La FTIA atribuyó este avance judicial a la movilización persistente y al accionar legal de la CGT. En un comunicado oficial emitido el 31 de marzo de 2026, la organización gremial reafirmó su compromiso de mantener la lucha y la resistencia ante cualquier medida que pretenda vulnerar los derechos laborales. Para el sector, este fallo representa el primer paso para garantizar la estabilidad de las conquistas obreras frente a lo que consideran un avance sobre la legislación protectora del trabajo.