El Gobierno nacional, en su búsqueda de inversiones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y en el marco de acuerdos con la gestión de Donald Trump en EE. UU., acelera los planes para modificar la Ley de Glaciares (26.639). La propuesta presidencial de “liberar” las zonas con reservas minerales, que ya estuvo en la fallida Ley Bases, tensa la cuerda entre el desarrollo extractivo y la seguridad hídrica del país, poniendo en riesgo las reservas de agua dulce que la ciencia define como vitales para el consumo humano y la producción agropecuaria.

La protección de las reservas hídricas más importantes de la Argentina ha vuelto al centro de un intenso debate político, económico y ambiental. La Ley Nacional de Glaciares, sancionada en 2010, fue establecida como un régimen de presupuestos mínimos para resguardar los glaciares y el ambiente periglacial, definiéndolos como bienes públicos y prohibiendo expresamente la actividad minera e hidrocarburífera en esas zonas sensibles. Hoy, esa normativa se encuentra en la mira del Gobierno de Javier Milei, impulsado por el lobby minero y la necesidad de destrabar inversiones a gran escala.

El argumento oficial: Inversiones y federalismo a toda costa

 

La propuesta de modificar la ley se enmarca dentro de una estrategia de apertura económica que busca atraer capitales extranjeros, especialmente para la explotación de cobre, un mineral clave en la transición energética global. Voceros del sector, como el secretario de Minería, Luis Lucero, han comparado el impacto esperado del RIGI con el fenómeno de Lionel Messi, buscando señalar la urgencia de crear un marco jurídico seguro para proyectos que, según estimaciones, podrían movilizar cerca de u$s25.000 millones.

La postura del Presidente es clara: se busca «liberar la zona argentina» donde se concentran los recursos mineros. Para ello, la estrategia contempla:

1. Redefinir el área protegida: Se buscaría reducir la superficie bajo protección mediante la exigencia de criterios más estrictos para el periglacial, como una superficie mínima de una hectárea y una función hídrica comprobable, permitiendo la explotación en glaciares de escombros «inactivos» que hoy actúan como cruciales reguladores hídricos.

2. Delegar competencias a las provincias: El Gobierno aboga por devolver el «federalismo» a las provincias (particularmente San Juan y Mendoza), permitiéndoles a ellas determinar cuál es la zona periglacial. Para los críticos, esta movida equivale a entregar la potestad de definición a jurisdicciones que suelen ser más permeables a los intereses corporativos y que, en muchos casos, ya han chocado con la normativa ambiental nacional.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, ha sido uno de los principales promotores de la revisión, argumentando que la indefinición actual paraliza proyectos mineros multimillonarios como Vicuña y El Pachón, y que la revisión es esencial para aprovechar la «oportunidad histórica» del RIGI.

La advertencia científica y el riesgo hídrico

 

Frente al avance desregulador, la comunidad científica y los ambientalistas han elevado una alarma contundente. Daniel Filmus, ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, advirtió en diálogo con El Ojo de la Tormenta (AM 750) que la ley protege las reservas de agua más importantes del país, de las que depende «la vida de los argentinos» y la producción agropecuaria.

El argumento central de la defensa es ecológico y social:

• El glaciar como regulador de vida: Los glaciares regulan las cuencas de agua de las provincias andinas, donde el suministro no proviene del norte (Brasil). En un contexto de calentamiento global, que el actual gobierno niega a pesar de la evidencia, estas masas de hielo están retrocediendo. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), responsable del Inventario Nacional de Glaciares, publicó datos alarmantes en 2024, que muestran una reducción del 17% en la superficie de glaciares en los Andes Desérticos.

• Protección mínima vital: IANIGLA ha sido enfático en su rol técnico-científico. Aunque Filmus sostiene que solo el 1% de los glaciares del mapa debe ser protegido (el área crítica), este mínimo es lo que asegura el suministro hídrico. Sin embargo, existe un juicio que acusa a IANIGLA de ser demasiado «flexible» al delimitar el mapa, lo que demuestra la presión constante para reducir las áreas protegidas.

Los ambientalistas lo califican de un «ataque directo al agua«, señalando que una regresión en la protección ambiental, tras haber alcanzado niveles como los de 2010, es una violación al principio de no regresión en materia de derechos ambientales, un estándar constitucional y parte de acuerdos internacionales como el de Escazú.

Precedente judicial: La Ley es constitucional

 

La Ley de Glaciares no es un blanco fácil. Su constitucionalidad fue confirmada por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2019, tras años de litigio impulsado por el lobby minero (incluyendo a la empresa Barrick Gold). La Corte validó que el Congreso Nacional tiene la potestad de dictar presupuestos mínimos de protección ambiental (Art. 41 de la CN), incluso sobre recursos naturales que son de dominio provincial.

La insistencia del Gobierno, que baraja alternativas desde un DNU reglamentario (rápido, pero vulnerable judicialmente) hasta un nuevo proyecto de ley, parece más una demostración de fuerza y una señal al empresariado («piedra libre para la desregulación») que una estrategia con seguridad jurídica a largo plazo.

El fondo de la discusión no es si la minería es posible —Filmus aclara que la ley no es un obstáculo para una minería sustentable—, sino si el país priorizará la vida y la seguridad hídrica de sus habitantes o si sacrificará ese recurso esencial ante la presión de los inversores internacionales.