Un estudio de la consultora QSocial señala un marcado pesimismo sobre el presente del país y cuestiona la eficacia de las medidas oficiales.

Un relevamiento nacional elaborado por la consultora QSocial reveló que una de cada dos personas afirma haber alcanzado el límite de su tolerancia frente al proceso de ajuste económico llevado adelante por la gestión de Javier Milei. El informe, basado en 1.323 entrevistas realizadas en todo el país con un margen de error del 2,9%, precisa que el 50% de los encuestados manifestó que «ya no puede esperar más» para observar una mejora concreta en sus finanzas personales. En tanto, un 20% estimó que podría aguardar hasta las elecciones presidenciales de 2027 y solo un 10% fijó el límite a fines del año en curso.

La percepción sobre el escenario actual refleja un clima predominantemente adverso para la administración nacional. Únicamente el 16% de los participantes calificó el presente del país como «bueno», mientras que un 35% lo consideró «regular» y el 48% lo catalogó derechamente como «malo». Al proyectar el panorama de cara a los próximos doce meses, la mirada pesimista prevalece con un 47% de los consultados anticipando que la economía empeorará, contrapuesto al 26% que confía en una recuperación y al 21% que prevé que la situación no sufrirá variaciones.

El estudio expuso además una reestructuración sustancial en el orden de las principales prioridades y temores de la ciudadanía. La falta de trabajo y la extensión de la pobreza se posicionaron en el tope de la nómina de preocupaciones acumulando un 21% de las menciones cada una, seguidas de cerca por los casos de corrupción con el 19%. Por su parte, la inflación descendió al cuarto lugar con el 11% de las respuestas, lo que evidencia que, si bien la desaceleración de los precios mermó su centralidad absoluta, los efectos del deterioro social e institucional ganaron terreno en el malestar social.

En cuanto a la evaluación de la gestión del Poder Ejecutivo, el 61% de los encuestados descree de la capacidad del Gobierno para resolver los problemas de fondo que aquejan a la Argentina, frente a un 32% que aún mantiene sus esperanzas en la conducción estatal. Asimismo, la percepción de la orientación política muestra una brecha considerable: un 64% opina que las medidas económicas benefician exclusivamente a determinados sectores concentrados, en contraste con el 25% que percibe un rumbo orientado al bienestar general de la población.

Finalmente, el nivel más alto de desacuerdo se registró al abordar el impacto futuro de las reformas vigentes. El 67% rechazó la premisa oficial de que las políticas de ajuste representan un esfuerzo indispensable para lograr un beneficio posterior, al tiempo que ese mismo porcentaje consideró que los sacrificios exigidos en el presente no se traducirán en mejoras concretas para el futuro. De este modo, el reporte evidencia que el desafío oficial supera la sola exhibición de equilibrio fiscal, exigiendo que las variables macroeconómicas impacten en el poder adquisitivo de los hogares.