Una licitación de limpieza que duplicó costos, una compra tecnológica cuestionada y movimientos financieros bajo la lupa colocan a Nucleoeléctrica Argentina en el centro de una polémica que tensiona el discurso de austeridad del gobierno.

La gestión de Demian Reidel al frente de Nucleoeléctrica Argentina quedó envuelta en una serie de cuestionamientos internos por decisiones administrativas que, según denuncias de sectores gremiales y técnicos de la empresa, implicaron aumentos de costos difíciles de justificar en el marco del programa de ajuste impulsado por el gobierno nacional.

Reidel asumió la presidencia de la compañía en abril de 2025 con la misión de ordenar la estructura y avanzar hacia un esquema de mayor eficiencia operativa. Sin embargo, menos de un año después, distintos expedientes internos comenzaron a generar ruido puertas adentro.

El caso más sensible gira en torno a una licitación para servicios de limpieza en el complejo Atucha. De acuerdo con documentación interna y planillas comparativas que circularon entre áreas técnicas, el servicio —que anteriormente rondaba los 4.400 millones de pesos— pasó a cotizar entre 10.700 y 11.400 millones para un período equivalente.

La diferencia, cercana al 140%, encendió alertas dentro de la empresa. Fuentes vinculadas al proceso señalaron que varias firmas interesadas quedaron fuera en etapas tempranas y que se incorporaron oferentes en instancias posteriores, lo que derivó en cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento.

Desde la conducción se argumentó que el incremento respondió a cambios en el alcance del contrato y a nuevas exigencias operativas. No obstante, informes internos advirtieron que las ofertas resultaban antieconómicas en comparación con antecedentes recientes.

A este episodio se sumó una contratación directa para la adquisición de servidores y software por aproximadamente siete millones de dólares. Sectores técnicos sostienen que la empresa ya contaba con un servicio similar por un costo significativamente menor, lo que motivó pedidos de revisión y presentaciones gremiales reclamando explicaciones.

Las controversias administrativas coincidieron con movimientos en la estructura jerárquica de la compañía, incluyendo suspensiones y renuncias de personal vinculado a áreas sensibles. Para analistas del sector energético, la sucesión de cambios refleja tensiones internas sobre el rumbo de la gestión.

Otro foco de atención pública surgió a partir de la situación patrimonial de Reidel. Registros comerciales muestran que el funcionario atravesaba compromisos financieros relevantes que, según su entorno, fueron saldados mediante operaciones inmobiliarias privadas. Si bien no existen imputaciones judiciales, especialistas en ética pública señalan que la exposición de altos funcionarios a conflictos de interés requiere mecanismos de transparencia reforzados.

El caso coloca a Nucleoeléctrica en una posición incómoda para el oficialismo. La empresa es estratégica dentro del sistema energético argentino y su administración se presenta como un test de coherencia para el mensaje de reducción del gasto y combate a privilegios.

Desde sectores opositores reclaman auditorías externas y mayor acceso a la información sobre contrataciones. El gobierno, en tanto, sostiene que los procesos se ajustan a la normativa vigente y que cualquier observación deberá canalizarse por las vías institucionales correspondientes.

Más allá de las responsabilidades individuales, la controversia reabre una discusión de fondo: cómo garantizar estándares de control y eficiencia en empresas públicas en un contexto de fuerte ajuste fiscal. En ese terreno, la credibilidad del discurso oficial se juega tanto en los grandes anuncios como en la letra chica de cada contrato.