Mientras el gobierno admite que los sueldos en el prestigioso Hospital Garrahan son «un desastre», la controversia escala por el supuesto gasto de 100 millones de pesos en la instalación de un lector biométrico para controlar el presentismo. Esta situación se agrava por la difusión oficial de cifras sobre la planta de personal que fueron desmentidas por los propios trabajadores, en medio de las persistentes protestas por la precarización salarial.

La tensión crece en el ámbito de la salud pública. En medio de las sostenidas protestas de los trabajadores del Hospital Garrahan, uno de los centros pediátricos de alta complejidad más importantes de Latinoamérica, el gobierno nacional ha reconocido una situación crítica respecto a los salarios del personal, calificándolos directamente de «un desastre». Sin embargo, esta admisión viene acompañada de una fuerte controversia por la denuncia de los propios empleados: la administración habría gastado una suma cercana a los 100 millones de pesos en la instalación de un sistema de lectores biométricos para el control del presentismo.

La acusación de los trabajadores se contrapone con la narrativa que el gobierno intentó instalar en los medios. Desde las esferas oficiales, se buscó justificar los bajos salarios en el Garrahan argumentando que el hospital tenía un «exceso de empleados». Sin embargo, esta versión fue rápidamente desmentida por los protagonistas de la protesta.

Gerardo Oroz, delegado de ATE en el Garrahan, fue contundente al respecto: «Adorni salió a decir que protestamos porque instalaron un lector biométrico. Es completamente falso: el problema es que el personal cobra una miseria». Sus declaraciones ponen de manifiesto que, para los trabajadores, el foco de su reclamo no es el método de control, sino la precaria situación económica que enfrentan día a día, con salarios que no les permiten cubrir las necesidades básicas. La inversión de 100 millones de pesos en un sistema de lectura biométrica para medir el presentismo se convierte así en un punto de fricción adicional, al contrastar fuertemente con la miseria que denuncian percibir los empleados.

Desinformación y Cifras Oficiales Contradictorias

La polémica no solo gira en torno al gasto en tecnología de control. Los trabajadores también salieron al cruce de las cifras sobre la dotación de personal que fueron difundidas por el gobierno. Desde el oficialismo, se hizo énfasis en una supuesta desproporción, sugiriendo que la cantidad de empleados administrativos duplicaba a la de médicos, lo que implicaría una sobrecarga en la estructura no asistencial.

En esta línea, el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, afirmó públicamente: «El personal del Garrahan está compuesto por 953 administrativos y 478 médicos. En la última gestión K se contrataron 1200 empleados. Hicieron política partidaria con la salud de los niños». Esta declaración buscaba justificar la presunta ineficiencia y el exceso de personal heredado de la administración anterior, como causa de los problemas presupuestarios y salariales.

Sin embargo, las cifras oficiales del propio hospital Garrahan, contenidas en el anuario institucional –que incluso fue aprobado por la actual gestión de gobierno–, desmienten categóricamente esta versión. Según estos datos oficiales, los administrativos son 473, lo que representa una cifra significativamente menor a la esgrimida por Lanari. Más aún, el personal asistencial, que incluye médicos, enfermeros, técnicos y otros profesionales de la salud, representa casi el 70% de los 4728 empleados totales del hospital. Esta aclaración pone en evidencia que la afirmación de que los administrativos duplican a los médicos es incorrecta y que la gran mayoría del personal está directamente abocada a la atención de los pacientes.

Admisión Gubernamental y Ausencia Ministerial

En medio de este fuego cruzado de cifras y reclamos, la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, fue la funcionaria que se hizo cargo de la defensa del gobierno y, sorprendentemente, admitió la gravedad de la situación salarial. «Nosotros consideramos que los sueldos son bajos y desde ya tenemos que trabajar para recomponer la situación de los médicos porque es apremiante. Es un desastre, es algo en lo que nosotros tenemos que intervenir», sostuvo Loccisano. Esta declaración, que valida el reclamo central de los trabajadores, contrasta con la línea inicial del gobierno de culpar a la estructura de personal.

La postura de Loccisano se da en un contexto donde el ministro de Salud, Mario Lugones, ha preferido mantenerse al margen de esta discusión pública. Su ausencia en el debate sobre los salarios del Garrahan se atribuye, según fuentes políticas, a la decisión de mantenerse a resguardo de los escándalos de corrupción que han salpicado a otras áreas sensibles como Pami y Anses, buscando evitar una exposición innecesaria a nuevas controversias.

La situación del Hospital Garrahan es un termómetro de la salud pública en Argentina. Las protestas de sus trabajadores, que reclaman salarios dignos y mejores condiciones laborales, reflejan una problemática que va más allá de un centro de salud, afectando a la primera línea de batalla en la atención de los más vulnerables. La aparente contradicción entre la admisión de salarios «desastrosos» y el significativo gasto en un sistema de control de presentismo, sumado a la difusión de cifras erróneas, genera un clima de incertidumbre y aumenta la presión sobre el gobierno para dar respuestas concretas a las demandas del personal de salud.