Una investigación periodística reveló que dos de los intendentes más importantes del armado político de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, Guillermo Montenegro (Mar del Plata) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero), otorgaron millonarias adjudicaciones a la empresa Suizo Argentina S.A., una droguería que ha sido señalada en una presunta trama de corrupción que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según el informe, en los últimos dos años, ambas gestiones municipales le habrían girado a la compañía cerca de $310 millones a través de 13 contrataciones.

Mar del Plata: Montenegro y contratos por más de $230 millones

El municipio de General Pueyrredón, liderado por Guillermo Montenegro, es el que presenta los montos más elevados. La investigación señala que, a través de ocho contrataciones, el gobierno local le adjudicó a Suizo Argentina la suma de $230.749.249. Las licitaciones se realizaron para la adquisición de medicamentos, y la más abultada de ellas, por $106.682.504, se firmó en mayo de 2024. Estos contratos, que se llevaron a cabo entre febrero de 2024 y julio de 2025, evidencian un flujo constante de fondos hacia la droguería.

Tres de Febrero: adjudicaciones y reuniones con Karina Milei

En el distrito de Diego Valenzuela, la suma de las cinco licitaciones adjudicadas a la empresa asciende a $70.146.179. Lo que más llama la atención en este caso es la aparente coincidencia entre las fechas de las adjudicaciones y las reuniones de Valenzuela con la hermana del presidente en Casa Rosada. La investigación señala que el intendente se reunió con Karina Milei en al menos dos oportunidades, una de ellas a fines de 2024, semanas antes de firmar un contrato por $19.740.396 para la adquisición de pañales descartables. El informe sugiere que estas reuniones podrían haber estado relacionadas con los contratos, elevando las sospechas sobre un presunto «pasamanos de corrupción».

La trama de las «coimas» y la preocupación por el manejo de fondos públicos

La droguería Suizo Argentina S.A. ya había sido objeto de polémica a nivel nacional. La empresa, ligada a la familia Kovalivker, había sido acusada de participar en un esquema de sobreprecios y desvío de fondos. La revelación de que los municipios de Tres de Febrero y General Pueyrredón también contrataron a la firma por sumas tan elevadas extiende las dudas sobre la transparencia en el manejo de los fondos públicos.

Según la investigación, si el «modus operandi» de la presunta corrupción se replicó en estas contrataciones, un 3% del monto total de las adjudicaciones –alrededor de $9.296.863– podría haber sido desviado. Esta situación pone en tela de juicio la política de los gobiernos locales y su supuesta alineación con el «recorte» del gasto público.