La red de complicidades y poder detrás del triple crimen narco de Florencio Varela
Una investigación periodística reveló un complejo entramado de narcotráfico, política y fuerzas de seguridad que se esconde tras el brutal asesinato de tres jóvenes. La trama vincula a una narcotraficante condenada que opera con total libertad, una funcionaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un exfuncionario nacional defendiendo a un narco y un exmilitar como dueño del hotel donde se prostituían las víctimas. El caso expone un alto nivel de impunidad que permitió la comisión de los crímenes.
Los hilos que conectan el crimen con la «trama narco-estatal»
El triple crimen de Brenda Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela destapó una red que va mucho más allá del hecho de sangre. Un trabajo de investigación periodística logró documentar los vínculos entre los perpetradores de los asesinatos y una estructura de crimen organizado que toca esferas de la política y las fuerzas armadas. El análisis de la documentación y el recorrido por los barrios involucrados arroja luz sobre una «piola» que conecta indisolublemente al narcotráfico, la política, la justicia y las fuerzas de seguridad.
La investigación se centró en los movimientos de Matías Ozorio y «Pequeño Jota», los presuntos asesinos, quienes llegaron a la Ciudad de Buenos Aires y se dirigieron a un local de comidas en Anchorena, frente al shopping del Abasto, para retirar las llaves del vehículo que utilizarían.
La «Patrona del Norte» y la garantía de una funcionaria porteña
El local de comidas, llamado «Cholo con che», es propiedad de Gloria Mariana Suárez, una figura central en la red de complicidades. Suárez, conocida en el ambiente como la «Patrona del Norte», fue condenada a 12 años de prisión efectiva por tráfico de 233 kilos de cocaína. Sin embargo, increíblemente, la narcotraficante se encuentra libre, manejando su negocio en una zona de alto tránsito.
La impunidad de Suárez se extiende a sus lazos con el Estado: el local que alquila la «Patrona del Norte» tiene como garante a Nelly Ramírez Ortiz. Esta mujer es, a su vez, una funcionaria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con responsabilidades en la rendición de fondos de caja chica de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público. La presencia de una funcionaria del Poder Ejecutivo porteño como garante de una narcotraficante condenada genera un grave interrogante sobre la complicidad dentro de la estructura estatal.
Vínculos políticos y judiciales: el ex-ANSES en la defensa narco
El entramado se complejiza al conectar con la familia Sotacuro, el clan narco sindicado como jefe de «Pequeño Jota». El sobrino del cabecilla narco, Kenyi David Sotacuro, fue demandado por un violento choque. Para su defensa, el joven (que supuestamente proviene de una familia «carenciada») contrató a uno de los estudios jurídicos más caros de la ciudad.
El estudio que defiende al sobrino de Sotacuro cuenta entre sus miembros a Mariano Antonio Salvador De Los Heros, un exfuncionario que había sido designado por Sandra Pettovello como titular de la ANSES. La presencia de un exfuncionario de alto rango en la defensa de un familiar directo de un peligroso narco levanta serias sospechas sobre el origen del dinero para pagar los onerosos honorarios y la profundidad de los vínculos políticos con el narcotráfico.
El hotel de la prostitución narco: el rol de un ex-Teniente del Ejército
El último nexo de esta macabra red es el Hotel Gran Splendid en el barrio de Flores, el lugar donde las víctimas de femicidio tenían alquilada una habitación. En este hotel, los vecinos confirmaron que las jóvenes, incluida una menor de edad, se prostituían a cambio de dinero y el costo del alojamiento.
El dueño del Hotel Gran Splendid fue identificado como Sergio Oscar Queirolo, un exoficial con el grado de Teniente del Ejército Argentino, promovido en 2017. La actividad ilegal de prostitución, que involucraba a menores y era conocida públicamente por los vecinos y visible en reseñas del hotel, operaba bajo la titularidad de un exmilitar, sin que aparentemente existiera una denuncia o intervención efectiva por parte de las autoridades competentes.
El caso de Florencio Varela es un reflejo de que la droga, el poder y la impunidad no se limitan a las zonas marginales, sino que se filtran en las esferas del gobierno, la justicia y las fuerzas armadas. El alto nivel de complicidad, con figuras públicas involucradas en distintos niveles del delito, evidencia por qué crímenes de esta magnitud quedan frecuentemente sin una investigación exhaustiva que desentrañe toda la red de poder.
