El gobierno de Axel Kicillof celebró la sanción de la Ley de Promoción de la Actividad Audiovisual, una iniciativa que crea un organismo de fomento provincial con una partida inicial de $626 millones. En un abierto contraste con la política de ajuste cultural del gobierno nacional, la provincia busca reimpulsar la producción local —que se paralizó en 2024—, declarar al sector como estratégico y garantizar el empleo a través del nuevo Consejo, que estará bajo la órbita del Instituto Cultural de la Provincia.

La Legislatura bonaerense convirtió en ley el proyecto que crea el denominado «INCAA bonaerense», marcando una clara posición política del gobernador Axel Kicillof frente a la desfinanciación de la cultura impulsada por la administración de Javier Milei. La normativa, presentada originalmente en 2023, llega en un momento de crisis para el sector audiovisual argentino, donde el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) ha reducido drásticamente su actividad, paralizando el financiamiento de películas y documentales.

La nueva legislación provincial no solo busca llenar el vacío dejado por la Nación, sino que declara a la actividad audiovisual como productiva, estratégica, de interés público y cultural, sentando las bases para su desarrollo económico y laboral en la provincia de Buenos Aires.

Un fondo millonario y un mecanismo de actualización

 

El corazón de la nueva ley es la creación del Consejo de Promoción de la Actividad Audiovisual, un organismo que operará bajo la dirección del Instituto Cultural de la Provincia, presidido por Florencia Saintout.

La ley establece un Fondo de Fomento Audiovisual con una dotación inicial de $626 millones de pesos. Este monto fue diseñado para ser sostenible y acompañar la inflación: el artículo 9° de la ley estipula que la cifra será «actualizable anualmente por la Ley de Presupuesto General de la Provincia, en función de la variación de precios de las entradas de cine». Además, el fondo se podrá complementar con créditos de organismos internacionales, donaciones y aportes especiales, buscando asegurar la estabilidad financiera del sector.

La cifra y el mecanismo de actualización son un mensaje directo al sector, que ha visto cómo el ajuste nacional ha comprometido la realización de proyectos. Mientras la industria calcula que el apoyo estatal a la producción nacional ha sido «prácticamente inexistente» en lo que va del año, el gobierno bonaerense ofrece una inyección de capital para reactivar la cadena de valor.

Objetivos y herramientas específicas de la ley

 

La Ley de Promoción de la Actividad Audiovisual de Buenos Aires es ambiciosa y abarca todo el ecosistema productivo. Sus objetivos se centran en la descentralización y la integralidad del fomento:

1. Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense (RUAAB): Este registro será el requisito fundamental para que productoras y trabajadores accedan a los fondos y beneficios. Busca formalizar el sector, exigiendo la acreditación del cumplimiento fiscal, laboral, previsional y el respeto a los derechos de propiedad intelectual, garantizando un marco de transparencia.

2. BaFilma: Se impulsará una plataforma digital clave. Por un lado, funcionará como un catálogo para la difusión y promoción de las películas, cortos y documentales producidos en la provincia. Por el otro, creará un catálogo digital de locaciones con el objetivo de atraer rodajes de producciones nacionales e internacionales, lo que dinamizaría las economías regionales.

3. Red de Salas y Archivo: La normativa promueve la creación de una Red de Salas de Cine Bonaerenses para fortalecer la exhibición y distribución local de contenidos. También se destinarán recursos a la creación del Archivo Audiovisual Bonaerense, garantizando la preservación, conservación y difusión del patrimonio histórico fílmico de la provincia.

4. Descentralización: La ley incorpora una definición moderna y amplia de la industria, que abarca desde la ficción tradicional hasta la animación, los videojuegos y las tecnologías inmersivas (como la realidad virtual), buscando impulsar la diversidad cultural y el desarrollo de polos audiovisuales fuera del AMBA.

El juego de la política y el blindaje cultural

 

La sanción de la ley también tuvo una fuerte lectura política, exponiendo la tensión entre el modelo de Estado de Kicillof y el de Milei. El gobernador, al impulsar el «INCAA bonaerense», no solo busca impulsar el desarrollo productivo, sino también generar un contrapunto explícito en la denominada «batalla cultural».

La ley fue celebrada por el oficialismo provincial, particularmente por la dirigencia de La Cámpora. El senador Emmanuel González Santalla afirmó que el proyecto es «un paso fundamental para defender la soberanía cultural, generar empleo genuino y garantizar que nuestras historias sigan siendo contadas por nuestra gente», en clara referencia al contexto de «ataque y desfinanciación» que vive el sector a nivel nacional. La presencia de figuras del ámbito artístico alineadas con el peronismo, como el actor Pablo Echarri, sirvió como respaldo público a la medida.

Además, la creación del Consejo pone a Florencia Saintout, una figura cercana a Cristina Fernández de Kirchner que se mantiene en el gabinete bonaerense pese al desgaste en la relación entre Kicillof y Máximo Kirchner, en un rol central. Con un presupuesto de más de $86.000 millones para el Instituto Cultural (el 80% destinado a salarios), Saintout deberá liderar la reglamentación y puesta en marcha del nuevo sistema, lo que implica un fuerte desafío de gestión y articulación política dentro del propio peronismo bonaerense.

Finalmente, la dirección del Consejo fue pensada con un formato colegiado y plural, asegurando la participación de múltiples voces del sector: un representante del gobierno, seis referentes de la actividad por región, delegados sindicales, miembros de asociaciones de directores, productores y entidades de derechos de autor, además de delegados de universidades públicas. La inclusión de un modelo ad honorem para estos miembros, acordado con la oposición (incluido el radicalismo), busca garantizar una gestión orientada al servicio del sector y no a la política partidaria.