La diputada nacional acusó al Ejecutivo de utilizar recursos viales para acordar votos con gobernadores y aprobar leyes en el Congreso.

La diputada nacional e integrante del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La presentación judicial abarca la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta, cohecho y malversación de fondos públicos, al acusar al Ejecutivo de girar partidas presupuestarias a distintas provincias a cambio del respaldo legislativo de sus representantes.

La causa quedó radicada en el juzgado a cargo del juez federal Julián Ercolini. En el escrito, la legisladora solicitó que se requiera la documentación contable correspondiente, la precisión de las fechas de emisión de los pagos y las nóminas de los funcionarios firmantes que autorizaron las transferencias.

Las acusaciones de giros atípicos y la «lista de precios»

Según lo expuesto por Pagano mediante una serie de publicaciones en sus redes sociales, los recursos utilizados habrían sido derivados del fideicomiso financiado a través del impuesto a los combustibles, una partida que por marco legal debe destinarse exclusivamente al trazado y mantenimiento de la red vial nacional.

La diputada afirmó que las transferencias del Tesoro mostraron incrementos atípicos durante los días de debate en la Cámara de Diputados, señalando que en las jornadas de votación se liberaron 3,44 veces más pagos que en el resto del mes. En ese sentido, detalló lo que denominó una «lista de precios» por iniciativa parlamentaria:

• Reforma laboral: desembolsos por $17.139 millones entre el 11 y el 13 de febrero.

• Ley de Glaciares: giros por $12.551 millones entre el 8 y el 10 de abril.

• Hojarasca y zonas frías: transferencias por $14.096 millones entre el 19 y el 21 de mayo.

• Ley Bases: $11.275 millones en junio de 2024.

• Otros proyectos: transferencias vinculadas a discusiones sobre el DNU del FMI, Ficha Limpia y vetos presidenciales.

De acuerdo con sus cálculos, tan solo en tres votaciones específicas se distribuyeron $33.786 millones, volumen que representó el 52,7% de lo transferido por ese concepto en un período de cinco meses.

Las provincias salpicadas y la causa en la Justicia

En otro tramo de la denuncia, Pagano individualizó a los mandatarios provinciales que habrían recibido estos fondos antes o después de que sus legisladores acompañaran las propuestas de la Casa Rosada. En el listado incluyó giros destinados a Jujuy (gobernada por Carlos Sadir) por $11.987 millones; Misiones (conducción referenciada en Carlos Rovira y Hugo Passalacqua) por $13.493 millones; Tucumán (Osvaldo Jaldo) por $2.322 millones; Santa Cruz (Claudio Vidal) por $2.104 millones; y Salta (Gustavo Sáenz) por $1.787 millones.

«No pagan asfalto: pagan manos levantadas», aseveró la diputada al cuestionar el estado de las obras públicas en esas jurisdicciones a pesar de los desembolsos. La presentación judicial busca ahora que la Justicia determine las responsabilidades de los funcionarios nacionales en la firma y liberación de dichos giros presupuestarios.