La fiscal que impulsó la denuncia contra Fiorella Damiani por falso testimonio cuestionó la pena de ejecución condicional dictada por el Tribunal Criminal 1. Aseguró que la mentira puso en riesgo el sistema judicial y que la condena de tres años resulta insuficiente frente a la gravedad del hecho.

La doctora Marina Lara, titular de la UFIJ N°7 y quien fuera la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual al inicio de la causa, rompió el silencio tras el fallo que condenó a Fiorella Damiani a tres años de prisión en suspenso. En declaraciones exclusivas, la funcionaria judicial defendió su actuación, se distanció de las críticas personales recibidas y fue tajante respecto a la resolución del juez Ricardo Gutiérrez: la pena debería haber sido de cumplimiento efectivo.

El caso, que conmocionó a la región, tuvo su punto de inflexión cuando Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra fueron detenidos bajo la acusación de haber violado a Damiani. Sin embargo, recuperaron su libertad cinco días después gracias a la aparición de un video que demostraba que las relaciones habían sido consentidas. Fue la propia Marina Lara quien, al advertir el engaño, inició la causa contra la denunciante. «Damiani fue a juicio porque yo la denuncié al descubrir que nos había mentido», recordó la fiscal.

Lara prefirió no entrar en polémicas con Facundo Pereyra, quien recientemente la calificó de «feminazi» tras conocerse la sentencia que evita la cárcel para la condenada. «No quiero salir a confrontar con ellos, entiendo la posición en la que están. Mi idea es informar qué se hizo en la causa», sostuvo con profesionalismo. No obstante, subrayó que el daño provocado por una denuncia falsa no es superficial: «Declarar algo falso y ratificarlo no es gratis. Venir a mentir a la Justicia pone en riesgo todo el sistema».

La fiscalía había solicitado una pena ejemplar de 9 años de prisión con cumplimiento efectivo, una cifra significativamente mayor a los 3 años de ejecución condicional que finalmente otorgó el tribunal. Para Lara, la gravedad del delito radica en la privación de la libertad que sufrieron dos personas inocentes durante casi una semana. «Debería ir a la cárcel Damiani. Las personas quedaron detenidas cinco días por su testimonio», enfatizó.

Finalmente, la doctora Lara concluyó que este caso era una oportunidad perdida para enviar una señal clara a la sociedad sobre las consecuencias de obstruir la justicia. «Es la oportunidad de dar un mensaje: que el mentiroso debe cumplir ante la Ley», sentenció, dejando sentada su postura sobre la necesidad de penas que reflejen la magnitud del perjuicio causado al sistema judicial y a las víctimas de falsas acusaciones.