La estrategia de presión

Por eso la estrategia viró y puso foco en iluminar presuntas irregularidades o incompatibilidades que apunten a arrinconar a Milei con respecto a su propia posición intransigente sobre eventuales actos de corrupción en su gestión. Un recambio de autoridades permitiría una nueva chance para copar la AFIP, un lugar que el gobierno desdeña como insumo para el poder, según interpretan en el macrismo. La primera en la lista fue Rosana Lodovico, titular de Aduanas pero paso previo para desplazar a Florencia Misrahi, a quien designó Milei al frente de la AFIP pero que ya comienza a estar rodeada desde el exterior.

De hecho, en toda la estructura actual del organismo, Misrahi había designado a la abogada Renata María Isabel Casacardo –una persona de su entera confianza- en la Subdirección General de Coordinación Técnico Institucional, que funge como un virtual número dos del administrador federal. Sin embargo, el 17 de abril, Cascardo fue trasladada a la Subdirección General de Servicios al Contribuyente, área relevante en la jerarquía, pero sin la gravitación anterior. Su reemplazo fue Paola Cuppari, una funcionaria de años en el organismo que era de técnico legal impositiva en la estructura de DGI. Dentro de la AFIP interpretaron que ese movimiento en el tablero “protegía” de algún modo a Cascardo corriéndola de la línea de fuego y, a la vez, dejando expectante la plaza de Técnico Institucional con alguien “de planta” para que un candidato con respaldo de la política pueda aterrizar allí sin sobresaltos.

Movimientos y reuniones secretas

Esto hace juego con otros cambios sutiles. El mismo 17 de abril –fecha de cambios, al parecer- Misrahi dispuso nombrar al abogado Facundo Rocha como Subdirector General de la Subdirección General de Recursos Humanos. Rocha ya había ocupado ese mismo cargo durante la era Cuccioli, en 2018. El ex ejecutivo de LAN había sonado, incluso, para conducir Aerolíneas Argentinas, como una suerte de tributo a Guillermo Dietrich, en diciembre pasado. Las puertas se cerraron para ambos. Pero ahora, incide en las designaciones de la AFIP.

Por este motivo, muchos se preguntaban por qué, el martes pasado, había recibido en su despacho de las oficinas centrales al ex titular de Aduanas de Cuccioli, Diego Dávila. Desde que se despidió de su cargo, el 10 de diciembre de 2019, arrastra una mácula: su ex mano derecha Felipe Viramonte Noguer terminó detenido e involucrado en una causa que investigó la justicia penal económica por contrabando de Iphone. Lo comprometían escuchas telefónicas donde, presuntamente, se jactaba de organizar reuniones con importadores para facilitar el ingreso de mercadería para sus clientes mientras todavía era asesor en la Aduana, luego del traspaso de mando. Había sido usuario de uno de los teléfonos encriptados que la gestión macrista asignó a funcionarios de alta relevancia.

La manzana rodeada incluye elementos hasta ahora desconocidos: el Subdirector General de Fiscalización Abel Daniel Tagliatori puso en marcha el armado de un viejo equipo que funcionó durante los últimos años del interregno macrista en la AFIP. Revistan allí Sergio Rufail –quien trabajó codo a codo con Jimena de la Torre en la era Cuccioli-, Marcelo Costa (que fue director general de DGI en esa época) y el ex subdirector de Recaudación Sebastián Paladino. Al grupo le dicen “Puerto Rico”, por la confitería a la vuelta de AFIP que sirve de punto de reunión.

El trasfondo de la pelea

Pero hay otro entrevero que explica mejor todavía por qué el primer blanco para el juego de pinzas fue la Aduana donde, el macrismo percibió, desde un comienzo, que había una suerte de continuidad con la gestión anterior en la que el organismo tuvo un altísimo perfil e incidencia a través de Michel. La primera baja para percutir sobre un tema siempre puesto bajo sospecha fue la causa que investigaba el otorgamiento de SIRA durante el último tramo de la gestión de Massa. Ni el fiscal Eduardo Taiano ni el juez Julián Ercolini encontraron elementos irregulares en su tramitación y ordenaron archivar la causa.

La nueva gestión designó al frente a Rosana Lodovico, que venía de ser la encargada de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas. Pero antes de que recalara allí en el anterior gobierno, su rol estaba al frente de la Aduana de Ezeiza. Ámbito reveló que, en agosto de 2021, se dio un confuso episodio cuando su predecesor durante la gestión de Diego Dávila, Ramiro Roibas, se metió al despacho de Lodovico y se llevó carpetas que presumiblemente contenían documentación sensible, durante un feriado y hasta ingresó en su computadora. La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad y hasta se detectó que uso una credencial de una empleada para lograr acceder a las oficinas privadas. Terminó con una denuncia penal en el juzgado federal de Luis Armella.

La lluvia ácida que cayó ahora sobre Lodovico partió de la reedición de una información que era pública desde diciembre pasado. En su declaración jurada como funcionaria de Aduana ante la Oficina Anticorrupción, informó una deuda que corresponde a un mutuo por u$s 250.000 que Lodovico tomó en octubre de 2022, con la financiera Promarlon SA. La firma había estado involucrada –también como financista- en una causa por contrabando por haber prestado a una empresa importadora que había realizado una operación irregular.

Sin embargo, en agosto de 2022, antes de que se concretara la operación para la compra de un inmueble que Lodovico declara, la justicia le permitió a Promarlon pagar lo que debía, acceder a una moratoria y extinguir la acción penal en su contra, algo que había peticionado en enero de ese año. Si bien Aduana era querellante, la competencia exclusiva para dar o no la autorización fue judicial, algo que se tradujo en un fallo de mayoría que firmaron el 5 de agosto de 2022, partiendo de un dictamen fiscal que así lo avalaba y que consideraba cumplidos los requisitos de la Ley 27.653 para el pago de la deuda.

La discusión minimalista sobre una declaración jurada que reviste carácter de oficial esconde la verdadera pelea de poder que se está dando a cielo abierto y por la que habrá que esperar para ver si la presión para imponer una conducción en la AFIP hace mella en el Gobierno. Por ahora es el desafío más relevante con el que Macri busca desafiar a Milei.