La Diputada Nacional Lourdes Arrieta puso el foco en el desarrollo minero de Mendoza y el proyecto de extracción de cobre San Jorge en Uspallata. Argumenta que la provincia debe trascender el cumplimiento mínimo de la Ley 7722 e incorporar certificaciones del siglo XXI, como IRMA y Copper Mark, para garantizar la sustentabilidad, la transparencia y el acceso a los mercados internacionales.

El debate sobre el futuro productivo de la provincia de Mendoza se ha intensificado en torno a la explotación minera, considerada una fuente potencial de desarrollo económico. Sin embargo, la Diputada Nacional Lourdes Arrieta ha marcado una posición clara: el proyecto de extracción de cobre San Jorge en Uspallata, Las Heras, debe ser evaluado bajo las normas de sostenibilidad más rigurosas del mundo, superando la discusión ideológica y los requisitos legales básicos.

Según Arrieta, la provincia tiene una «oportunidad real» de desarrollo, pero esta solo se concretará si adopta un modelo de minería con «estándares del siglo XXI», en lugar de quedar «atrapada en una discusión del siglo pasado» que prioriza la rentabilidad sin la máxima seguridad ambiental y social.

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La insuficiencia de la Ley 7722: Mínimo vs. Máximo

El eje central de la crítica de la Diputada radica en la diferencia abismal entre lo que exige la legislación provincial y lo que demandan los mercados globales.

La Ley Provincial 7722 de Mendoza obliga a los proyectos mineros, como el de San Jorge, a presentar un Informe de Impacto Ambiental. Arrieta sostiene que, si bien esto garantiza un mínimo legal y técnico, resulta claramente insuficiente frente a los desafíos ambientales y de control de la era moderna.

“Cumplir la ley garantiza un mínimo. Cumplir estándares internacionales garantiza un máximo”, sentencia la legisladora. Esta diferencia entre el piso y el techo puede ser decisiva, especialmente en temas sensibles como la protección del agua, la seguridad de las comunidades y la estabilidad de las futuras generaciones.

Un proyecto que solo cumple la ley no está obligado a implementar auditorías técnicas de impacto medioambiental ni monitoreo hídrico públicos y controlados 24/7, mecanismos de control esenciales que la ciudadanía demanda para resguardar el recurso hídrico, vital para Mendoza.

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El imperativo de las certificaciones globales

Para integrarse a las cadenas de valor internacionales de minerales críticos y atraer «inversores serios», Mendoza debe exigir a las empresas mineras la obtención de certificaciones de sustentabilidad reconocidas mundialmente.

El mundo avanza hacia un nuevo paradigma de minería sustentable certificada, que incluye:

• Monitoreo ambiental público.

• Auditorías externas independientes.

• Trazabilidad total del uso del agua.

• Protocolos de seguridad estrictos.

• Participación ciudadana real.

Entre las certificaciones internacionales que la Diputada mencionó como obligatorias se encuentran IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance), TSM (Towards Sustainable Mining, de Canadá), ISO 14001 y la Copper Mark. Estas certificaciones establecen estándares de seguridad y control rigurosos que van mucho más allá de lo que exige cualquier legislación local.

Arrieta insiste en que la sustentabilidad no puede reducirse solo a la ausencia de contaminación directa, sino que debe entenderse como un compromiso holístico que abarca transparencia, participación, trazabilidad, auditorías externas y compromiso ambiental demostrable.

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Gestionar el riesgo para capitalizar la oportunidad

La oportunidad que presenta el Proyecto San Jorge es catalogada de «ENORME»: la posibilidad de generar empleo genuino, dinamizar proveedores locales, aumentar las exportaciones, construir infraestructura y elevar la competitividad global de la provincia.

Sin embargo, toda oportunidad conlleva riesgos significativos, que deben ser gestionados con la máxima seriedad: el manejo del agua, el impacto acumulativo a largo plazo, los pasivos ambientales que podrían quedar y la necesidad de contar con una licencia social sólida.

El mensaje final es un llamado a la responsabilidad política y empresarial: la provincia «merece la MEJOR minería, no la que cumpla con los requisitos mínimos». Solo al adoptar y exigir los estándares más altos, Mendoza podrá asegurarse de que la explotación de sus recursos naturales se traduzca en desarrollo sostenible y no en una fuente de futuros conflictos ambientales y sociales.