Los profesionales de cabecera iniciaron una medida de fuerza por 72 horas en rechazo a la resolución 1107/26. En Bahía Blanca, la situación se agrava por atrasos salariales que arrastran desde enero. Advierten sobre la burocratización extrema para tratamientos esenciales y faltantes de insumos básicos.

Desde este lunes, el sistema de atención primaria para jubilados y pensionados experimenta una severa paralización en todo el país. Los médicos de cabecera del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) iniciaron un paro de 72 horas como respuesta directa a las nuevas condiciones laborales y económicas impuestas por la resolución 1107/26. La medida de fuerza expone una crisis profunda en la obra social más grande de Latinoamérica, afectando directamente a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

El núcleo del conflicto radica en el nuevo esquema de retribuciones que, según los profesionales de la salud, torna económicamente insostenible la atención en los consultorios. El sistema reduce drásticamente los ingresos per cápita, estableciendo una cifra que los médicos consideran irrisoria frente a los costos actuales. En la práctica, un médico percibe apenas alrededor de 2.100 pesos mensuales por cada afiliado asignado. Este monto fijo debe ser suficiente para cubrir no solo la consulta médica, sino también la prescripción de recetas, los controles de rutina, el seguimiento de patologías crónicas y los gastos fijos que demanda el mantenimiento operativo de un consultorio.

Para dimensionar la gravedad del panorama, la médica Lorena Barbieri trazó un crudo diagnóstico de la realidad que atraviesan los profesionales. «Para PAMI, un paciente vale 24.000 pesos al año. Con eso tiene que recibir todas las consultas, controles y tratamientos», detalló de manera categórica. La profesional remarcó que la implementación de la nueva normativa afectaría de forma drástica e irreversible el ingreso del médico de cabecera, empujando a muchos a replantearse la continuidad en el sistema.

El escenario a nivel local reviste una complejidad aún mayor. En Bahía Blanca, existe un grupo considerable de profesionales que no perciben sus honorarios de manera directa, sino a través de intermediarios. Para ellos, la crisis no es a futuro, sino un padecimiento actual: registran atrasos en los pagos desde el primer mes del año. «Estamos promediando abril y todavía no cobramos», señaló Barbieri, ilustrando la asfixia financiera que sufren quienes deben seguir garantizando la atención diaria sin percibir sus salarios.

La decisión de ir al paro no fue tomada a la ligera. Los médicos son plenamente conscientes del impacto que esta interrupción de servicios genera en los adultos mayores. «No queremos hacer paro porque sabemos lo que significa para nuestros pacientes, pero tampoco podemos seguir sosteniendo el sistema», lamentó Barbieri, y agregó una reflexión que resume el sentir de sus colegas: «Nuestros pacientes valen mucho más que 2.000 pesos por mes».

Más allá del reclamo estrictamente salarial, el sector médico denuncia un deterioro generalizado en la cobertura de salud de los afiliados, marcado por obstáculos administrativos que demoran la atención. Entre las principales quejas, destacan la lentitud en la entrega de insumos de prevención básicos, como las vacunas antigripales, y una burocratización extrema para la aprobación de medicación vital. «No podemos estar discutiendo una insulina para un paciente diabético», sentenció Barbieri, evidenciando las trabas operativas que ponen en riesgo la salud de los pacientes crónicos.

Mientras en Bahía Blanca se desarrollan diversas asambleas y reuniones para evaluar los pasos a seguir una vez concluido este paro de 72 horas, el conflicto ha abierto un nuevo e inquietante frente en el sistema sanitario nacional. La disputa pone de manifiesto la urgente necesidad de revisar las condiciones laborales de los médicos para poder garantizar un acceso real, digno y eficiente a la atención médica de los adultos mayores.