La Justicia Federal recibió una denuncia contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien se acusa de crímenes contra el pueblo palestino.

La situación en Gaza ha escalado a la Justicia argentina. Una denuncia formal fue presentada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, y la fiscalía de Guillermo Marijuan, solicitando la detención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. La acusación se basa en la comisión de «crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra el pueblo palestino», en el marco del conflicto en la Franja de Gaza.

La denuncia hace referencia directa a la orden de detención emitida el 21 de noviembre de 2024 por la Sala Preliminar I de la Corte Penal Internacional (CPI). En esa ocasión, la CPI rechazó el pedido de Israel de desconocer su jurisdicción sobre la situación en Palestina, abriendo la puerta a una investigación formal. Los denunciantes argentinos argumentan que, al estar en vigencia una orden de captura internacional, el país debe actuar conforme a la legislación nacional y los tratados internacionales firmados.

El fundamento jurídico de la denuncia se apoya en el principio de «aut dedere aut iudicare» (extraditar o juzgar), que está consagrado en la ley argentina. Este principio establece que si una persona sospechada de haber cometido crímenes definidos en el Estatuto de Roma se encuentra en territorio argentino, y no se procede a su entrega a la CPI, el Estado argentino debe ejercer su jurisdicción y juzgarla por dichos crímenes.

El caso ha generado una fuerte controversia, ya que, según la información proporcionada, el gobierno de Javier Milei ha adelantado que no cumplirá con un posible fallo de la Corte Penal Internacional. Esta postura contrasta con la obligación de Argentina como miembro del Estatuto de Roma, lo que podría generar tensiones diplomáticas y un debate legal sobre el rol del país en la justicia internacional.