El diputado Oscar Liberman defendió la eliminación de este beneficio en la ciudad bajo el argumento de que el esquema actual es regresivo. Sin embargo, su postura generó fuertes cuestionamientos en un contexto donde el impacto económico de la medida golpea directamente a los usuarios locales.

El diputado bahiense Oscar Liberman (La Libertad Avanza) quedó en el centro de la escena tras su intervención en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, donde defendió con firmeza la exclusión de Bahía Blanca del régimen de Zona Fría. Lejos de matizar el impacto, el legislador optó por una retórica técnica para justificar una medida que, en la práctica, se traduce en un incremento directo en las facturas de gas para miles de familias.

Para sostener su posición, Liberman apeló a una analogía provocadora: calificó al esquema actual como un modelo de «Hood Robin», donde, según su visión, «los pobres subsidian a los ricos». El legislador argumentó que el 80% del subsidio es absorbido por el 10% de la población de mayores ingresos, e insistió en que el criterio actual es ineficiente. Con este argumento, el diputado busca desviar la atención sobre la pérdida de derechos adquiridos por gran parte de la clase media bahiense, focalizándose casi exclusivamente en la arquitectura del subsidio y no en la realidad climática de una ciudad que, por sus temperaturas, requiere de una compensación tarifaria diferenciada.

La argumentación de Liberman parece ignorar la complejidad del tejido social de Bahía Blanca. Si bien el diputado menciona que existen excepciones para los barrios más vulnerables —citando el ReNaBaP, el CUD y los beneficiarios de garrafas—, sus palabras no logran convencer a quienes señalan que la modificación legislativa es, en realidad, un ajuste disfrazado de focalización. Al establecer umbrales de ingresos de 4,1 millones de pesos y criterios sobre la cantidad de propiedades o antigüedad de vehículos, el legislador impone un filtro que deja a una masa crítica de trabajadores y sectores medios en una situación de vulnerabilidad ante los próximos aumentos tarifarios.

Resulta cuestionable que el legislador pretenda justificar la quita de un beneficio geográfico esencial mediante la estigmatización de un sistema que, más allá de sus imperfecciones, reconocía una necesidad real en el sudoeste bonaerense. Al tildar de «ineficiente» al subsidio previo, Liberman evade el debate de fondo: el impacto de la quita en el poder adquisitivo de los bahienses, en una zona donde la calefacción no es un lujo, sino una necesidad de supervivencia durante los meses de invierno. Su postura, rígida y ceñida a las métricas del ajuste, parece dejar poco margen para la empatía con una comunidad que ve cómo se le retira una red de contención económica crucial.