El proceso prevé la provisión de miles de litros de aceite y toneladas de harina por seis meses. La diputada Marcela Pagano alertó sobre presuntas irregularidades.

Presidencia de la Nación inició un nuevo proceso licitatorio para la adquisición de alimentos con destino a la Quinta Presidencial de Olivos, una medida que generó inmediatas repercusiones en el arco político a partir de los volúmenes solicitados y de severas denuncias sobre presuntas irregularidades en la tramitación del expediente.

El pliego del llamado a licitación abarca una importante nómina de víveres e insumos básicos. Entre los rubros más destacados figuran casi 1.600 litros de aceite vegetal, más de 1.400 kilos de harina de trigo, 440 kilos de azúcar y 120 kilos de dulce de leche, además de otros productos de la canasta alimentaria. Según la documentación oficial del trámite, no se trata de mercadería ya entregada o consumida, sino de una contratación de modalidad abierta con un plazo de ejecución proyectado a seis meses o hasta agotar los cupos máximos previstos.

Hasta el momento, el procedimiento administrativo se encuentra en etapa de evaluación y no ha sido adjudicado a ningún proveedor. No obstante, la tramitación cobró un tono polémico debido a los nombres de las autoridades firmantes del expediente. Entre las funcionarias habilitadas para autorizar el procedimiento figuraba María Belén Agudiez, cuya renuncia al cargo fue aceptada el pasado 20 de septiembre.

El caso escaló en el plano legislativo y judicial luego de las declaraciones realizadas por la diputada nacional Marcela Pagano. La legisladora sembró serias dudas sobre la transparencia del proceso de compras de la Quinta de Olivos y denunció presuntas irregularidades en la gestión de las contrataciones. Según la acusación sostenida por Pagano, una empresa de catering vinculada a familiares de Agudiez podría recibir parte de la mercadería licitada para destinarla a negocios privados, situación que deberá ser investigada por la Justicia.

La denuncia formulada por la diputada plantea un escenario que deberá ser esclarecido por los tribunales competentes para determinar la veracidad de las sospechas. Mientras tanto, la difusión de estas cifras vuelve a poner bajo la lupa de la opinión pública los mecanismos de control, auditoría y gastos en los suministros de la residencia oficial