El proyecto consolida el déficit cero mediante mayor presión tributaria y recortes en áreas sociales, de salud y ciencia. Según un informe del CEPA, las proyecciones macroeconómicas oficiales contrastan fuertemente con las expectativas del mercado, mientras que a nivel local se contemplan partidas para obras viales y Defensa.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó un detallado análisis sobre el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, el cual establece los lineamientos macroeconómicos del gobierno para el próximo año. El diseño oficial prevé un crecimiento económico del 4,0%, una inflación interanual del 18,0% y un tipo de cambio oficial de $1.847,60 para fines de 2027. Sin embargo, estas cifras exhiben notables discrepancias frente al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el cual proyecta un avance de apenas el 2,9% en la actividad y una inflación del 20,5%.

Para alcanzar los niveles de crecimiento previstos, el gobierno estipula que el consumo privado aumente un 3,4% y la inversión experimente un fuerte salto del 9,2%. A nivel de comercio exterior, se espera un saldo comercial favorable de USD 15.560 millones, impulsado por exportaciones que alcanzarían los USD 133.984 millones a lo largo del ejercicio presupuestario.

El pilar estructural de este presupuesto es la regla del déficit cero, asegurando un superávit primario del 1,3% del PBI. Para sostener este esquema sin afectar la premisa principal, la presión tributaria ascenderá del 21,06% al 21,70%. Este equilibrio se apoyará en un incremento sustancial en la recaudación del impuesto a los Combustibles Líquidos (+59%), Derechos de Exportación (+41,3%) y Derechos de Importación (+39,2%). En contraste, el proyecto omite el gasto tributario del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuyo costo fiscal es estimado por CEPA en un rango de entre USD 2.922 y 3.209 millones anuales.

En el ámbito social y previsional, el presupuesto establece severos ajustes de fondo. Se deroga la movilidad automática de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo (AUH), dejando futuras actualizaciones a discreción del Poder Ejecutivo. Por otro lado, las pensiones no contributivas por invalidez quedarán fijadas en un 70% de la jubilación mínima y serán incompatibles con el empleo formal registrado. Asimismo, se desfinancia fuertemente a organismos técnicos de vanguardia como el INTA, INTI y SENASA, a los que se les recorta el 60% de su presupuesto al eliminarse asignaciones específicas aduaneras, mientras que el CONICET sufrirá una reducción del 9,6% en su plantilla anual de becarios.

A pesar del contexto nacional de recortes en obra pública e infraestructura física, el presupuesto 2027 incluye un apartado de impacto directo en la región. Para Bahía Blanca, el proyecto del Ejecutivo contempla partidas destinadas a obras viales de importancia local y la asignación de fondos específicos para el área de Defensa, lo que representa uno de los pocos focos de inversión del Estado proyectados para el sur bonaerense.

Finalmente, el programa financiero autoriza al Poder Ejecutivo a emitir nueva deuda en moneda y jurisdicción extranjera por hasta USD 33.700 millones para hacer frente a los compromisos internacionales, los cuales ascenderán a USD 23.787 millones durante 2027. A su vez, se suspenden temporalmente los aportes al Fondo Anticíclico Fiscal, habilitando al gobierno el uso discrecional de fondos que provendrán de concesiones y futuras privatizaciones.