El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo y a otros 18 acusados por asociación ilícita, cohecho y defraudación. La causa investiga un esquema de retornos en contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad.

El juez federal Sebastián Casanello procesó al ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, como presunto jefe de una asociación ilícita en una causa que investiga un entramado de coimas y contrataciones irregulares dentro del organismo. La resolución también alcanza a otros 18 acusados entre ex funcionarios y empresarios vinculados al sector farmacéutico.

Según la resolución judicial, Spagnuolo fue procesado por los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo. El magistrado consideró acreditada la existencia de una organización que habría operado dentro y fuera del organismo estatal con el objetivo de direccionar contrataciones públicas y obtener beneficios económicos indebidos.

En su fallo, Casanello señaló que la investigación permitió reconstruir la actividad de una estructura integrada por funcionarios de la ANDIS y actores privados que generaban “recíprocamente millonarias ganancias” a partir de adjudicaciones irregulares. El juez describió la existencia de un presunto “sistema de retornos” por parte de droguerías que vendían medicamentos con sobreprecios, recompensando a funcionarios involucrados.

Para la Justicia, el funcionamiento irregular del organismo implicó un desvío de su finalidad pública. La resolución sostiene que la agencia habría sido utilizada como vía de enriquecimiento para los integrantes de la presunta organización, en perjuicio de su función principal de asistencia a personas con discapacidad.

El origen de la causa y la validez de las pruebas

La investigación se inició en agosto del año pasado a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, basada en publicaciones periodísticas que difundieron audios atribuidos a Spagnuolo. En esas grabaciones se hacía referencia a presuntas maniobras internas dentro del organismo.

Las defensas cuestionaron la legalidad de esos audios y solicitaron la nulidad del expediente. Sin embargo, el juez rechazó esos planteos al considerar que las acusaciones fueron corroboradas mediante pruebas independientes, como documentación administrativa y testimonios. Según la resolución, las grabaciones no fueron utilizadas como prueba directa para dictar los procesamientos.

La estructura investigada y los embargos

El fallo, que supera las 300 páginas, describe una estructura jerárquica en la que Spagnuolo habría actuado junto a Daniel Garbellini, ex subdirector de la ANDIS, y a dos presuntos operadores externos: Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. Estos últimos fueron señalados como intermediarios vinculados al negocio de las droguerías que habrían influido en las compras del organismo.

Aunque los acusados permanecerán en libertad, el juez ordenó embargos millonarios sobre sus bienes. En el caso de Spagnuolo, la cifra dispuesta supera los 202 mil millones de pesos, con montos similares para los otros principales imputados.

Posibles nuevas responsabilidades

Casanello advirtió en su resolución que la investigación podría ampliarse. El magistrado sostuvo que el esquema detectado podría no agotarse en los hechos ya probados y mencionó la posibilidad de que existan otros niveles de complicidad que deberán ser esclarecidos en futuras etapas del proceso.

En ese marco, el juez ordenó nuevas declaraciones indagatorias para varios implicados y citó a indagatoria a las personas jurídicas de cuatro empresas: Droguería Profarma SA, Droguería Génesis SA, Droguería New Farma SA y Droguería Floresta SA.

Los procesados

Entre los procesados figuran ex funcionarios de la ANDIS, empleados y empresarios. Además de Spagnuolo, Garbellini, Calvete y Atchabahian, la nómina incluye a Diego Martín D’Giano, Roger Edgar Grant, Eduardo Nelio González, Lorena Vanesa Di Giorno, Luciana Ferrari, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero, Alejandro Gastón Fuentes Acosta, Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio César Viera, Ornella Calvete, Patricia Canavesio y Ruth Noemí Lozano.

La causa continúa en etapa de instrucción y se espera que las nuevas indagatorias definan el alcance de las responsabilidades penales.

Fuente: Infobae