Del informe se desprende que a lo largo del año hubo 1.155 personas heridas, muchas de ellas con lesiones graves, 33 con impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, con daños severos en la visión, 50 trabajadores de prensa heridos durante las coberturas de las manifestaciones y 73 personas «criminalizadas» por participar en las protestas.
«Entre las prácticas documentadas, se observó el uso abusivo de gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes y golpes con tonfas y bastones, además de detenciones arbitrarias. Incluso, en casos emblemáticos, niños y niñas fueron afectados por la violencia represiva», detallaron.
La directora adjunta de Amnistía, Paola García Rey, indicó que el informe refleja la restricción del ejercicio de la libertad de expresión en las calles y «el achicamiento del espacio cívico».
«Desplegamos una metodología que incluyó pedidos de acceso a información pública al Estado Nacional, que en muchos casos fueron denegadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Relevamos más de 30 testimonios de víctimas que sufrieron el uso desproporcionado de la fuerza. También relevamos imágenes porque, ahora, las redes sociales habilitan muchísimo más la difusión», expresó García Rey en diálogo con Noticias Argentinas.
En la misma línea, señaló que desde Amnistía proponen «dar cuenta de la situación de alarma frente a la violencia» como un recurso para coartar el disenso, por un lado, y «silenciar las voces», por otro.
«Sin duda, Argentina tiene un uso de la calle muy activo y, seguramente, era necesario darnos un debate robusto sobre la canalización de los reclamos populares al Gobierno. Pero la respuesta nunca puede ser el miedo como forma de inhibir la expresión y la violencia como estrategia para lograrlo», remarcó.
