Un informe detallado sobre la situación presupuestaria de las Universidades Públicas Nacionales revela que el poder adquisitivo del personal docente y no docente alcanzó niveles críticos. Mientras la Justicia ordena aplicar la Ley de Financiamiento, el Gobierno busca modificarla con un proyecto que implicaría una nueva caída del 14% en los recursos vigentes.

La comunidad universitaria atraviesa una de las semanas más complejas de los últimos años en el marco de un paro nacional que pone de manifiesto una crisis de financiamiento sin precedentes. Según el reciente «Informe de situación – Universidades Nacionales», el ajuste presupuestario real entre 2023 y el presupuesto proyectado para 2026 alcanza un alarmante 45,6%.

El documento analiza la evolución del poder adquisitivo y compara el impacto de la Ley 27.795 (Ley de Financiamiento Universitario), ratificada por el Congreso pero suspendida por el Ejecutivo, frente al nuevo proyecto de modificación enviado por el Gobierno al Congreso el pasado 18 de febrero.

Salarios en picada: El 50% del poder de compra perdido La situación de los trabajadores universitarios es crítica. El análisis histórico de un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) semi-exclusivo revela que su salario pasó de $1.154.094,6 en noviembre de 2015 a apenas $570.470,3 en enero de 2026 (valores constantes a septiembre 2026). Esto representa una caída real del 50,6% en una década.

Desde el inicio de la gestión actual, la caída no ha dado tregua: entre noviembre de 2023 y enero de 2026, el salario real docente y no docente retrocedió un 34%. Solo en 2025, la pérdida adicional fue del 10,1%. Actualmente, la mayoría de los trabajadores no docentes perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza, mientras que una gran parte de los cargos docentes de dedicación simple ni siquiera alcanzan a cubrir la Canasta Básica Alimentaria, ubicándose técnicamente bajo la línea de indigencia.

Presupuesto 2026: ¿Recuperación o profundización del ajuste? El informe pone de relieve la diferencia abismal entre lo que propone la ley original («Ley insistida») y el plan oficialista:

• La Ley 27.795 (Ley insistida): De haberse aplicado, el presupuesto universitario habría crecido un 35,1% respecto a 2025, permitiendo recuperar casi la totalidad del nivel presupuestario de 2023.

• El Proyecto del Gobierno: Por el contrario, la propuesta oficial implica una caída del 14,2% respecto a 2025 y un desplome del 38,8% frente a 2023. Esto dejaría a las universidades con un presupuesto un 36,5% menor al que establece la ley vigente.

Gastos de funcionamiento y ciencia en jaque Aunque los salarios representan el 86,9% del gasto total, los gastos de funcionamiento —necesarios para abrir las puertas, pagar servicios y mantener laboratorios— sufrieron un ajuste del 57,1% real entre 2023 y 2026. Este recorte se explica principalmente por la parálisis de programas de desarrollo universitario y partidas de ciencia y técnica, que registraron bajas superiores al 70%.

La única partida que presenta un crecimiento real es la Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios (+19,8% en 2026), aunque su peso relativo en el presupuesto total (apenas el 2,3%) no alcanza para compensar el desfinanciamiento general del sistema.

El conflicto judicial y legislativo La cronología del conflicto muestra un escenario de fuerte tensión institucional. Tras el veto presidencial y la posterior ratificación del Congreso en octubre de 2025, el Gobierno suspendió la aplicación de la ley mediante el Decreto 759/2025 alegando falta de fondos. A pesar de que la Justicia ordenó su aplicación el 23 de diciembre pasado, el Ejecutivo respondió enviando un proyecto de modificación que propone aumentos trimestrales del 4,1%. Según el informe, esta cifra resulta insuficiente frente a una inflación proyectada del 20,3% para el mismo periodo, lo que licuaría nuevamente los ingresos de los trabajadores.