En un encuentro que reunió a 150 referentes del sector en la Cámara de Diputados, se denunció la parálisis de la Comisión de Discapacidad y el impacto devastador de los recortes. Advierten sobre el cierre de centros de día, interrupción de terapias y un polémico proyecto de reforma de pensiones.

Ante la decisión del bloque oficialista de La Libertad Avanza de mantener inactiva la Comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados, el legislador Juan Marino (Unión por la Patria) encabezó una reunión abierta para dar voz a organizaciones y afectados por las políticas de ajuste del Gobierno Nacional. Durante el encuentro, se renovó con énfasis el pedido de juicio político contra el ministro de Salud, Mario Lugones, bajo la consigna de que se está ejecutando una «eutanasia social» promovida por la gestión de Javier Milei.

Un panorama crítico: medicamentos, terapias y cierres

El diagnóstico presentado por los asistentes fue unánime: la emergencia en discapacidad se profundiza diariamente. Marino denunció que el sistema enfrenta el cierre de centros de día, la interrupción de tratamientos vitales y dificultades críticas para el acceso a medicamentos y el alta de nuevas pensiones. «Estamos ante una situación grave donde los derechos más básicos están siendo vulnerados», señalaron desde la oposición.

Uno de los momentos de mayor tensión se vivió con el testimonio de la madre de Ian Moche, el niño de 12 años con trastorno del espectro autista e influencer de la temática. Su familia denunció haber sufrido agresiones físicas y amenazas en su vivienda tras una campaña de desprestigio en redes sociales iniciada, según indicaron, por la diputada libertaria Lilia Lemoine.

El polémico proyecto de reforma de pensiones

La comunidad presente manifestó un rechazo tajante al proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo en el Senado para reformar el régimen de pensiones por invalidez laboral. Los puntos más críticos de la reforma incluyen:

• Reempadronamiento obligatorio: Se impone un plazo de 90 días hábiles para que todos los beneficiarios actualicen datos médicos y socioeconómicos, bajo amenaza de suspensión inmediata del pago.

• Incompatibilidad laboral: Se prohíbe cobrar la pensión si el titular posee un trabajo formal, ya sea bajo relación de dependencia o monotributo.

• Endurecimiento de requisitos: Se exige que la invalidez sea «total y permanente», lo que apunta a un recorte sustancial en el número de beneficiarios.

• Liberalización de precios: La reforma busca desregular los valores de las prestaciones, lo que podría reducir drásticamente las coberturas actuales.

Desde el Gobierno justifican estas medidas alegando que entre 2003 y 2023 la cantidad de pensiones creció de forma desproporcionada (de 76 mil a 1,2 millones) y aseguran que existen numerosos casos de fraude.

Hacia un Observatorio Nacional

Como propuesta frente al ajuste, los oradores instaron a la creación de un Observatorio Nacional de la Discapacidad. Este organismo funcionaría mediante la coordinación de organizaciones civiles, universidades y legisladores para documentar la situación real de los derechos en el país y frenar lo que consideran un desmantelamiento del sistema de protección social.

Del encuentro participaron diputados de diversos bloques, incluyendo a Pablo Todero, Nicolás del Caño, Victoria Tolosa Paz y Esteban Paulón, quienes respaldaron la necesidad de una respuesta institucional urgente ante la crisis del sector.