En el marco de las ríspidas jornadas de debate por la presentación del Presupuesto 2027 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Legislatura porteña, el ministro de Seguridad de la Capital Federal, Horacio Giménez, se presentó ante el cuerpo legislativo para exponer la pauta de gastos de su área. En ese contexto, la funcionaria atravesó un durísimo cruce e interpelación por parte de las legisladoras de la bancada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Vanina Biasi y Amanda Martín, quienes denunciaron el accionar represivo de la Policía de la Ciudad, el ahogamiento de la protesta social, la persecución a los trabajadores del Subte y los operativos de perfilamiento xenófobo en barrios populares.

La primera en tomar la palabra fue la legisladora y docente Amanda Martín, quien venía de sufrir de manera directa la brutal represión policial desatada en la jornada previa durante una manifestación en respaldo a los trabajadores del subterráneo. Martín advirtió ante el recinto que bajo la conducción política del jefe de Gobierno, Jorge Macri, «el derecho a la protesta en la Ciudad está prácticamente prohibido». En su intervención, calificó la intervención de las fuerzas de seguridad en la red de Subtes como una abierta «provocación» contra los obreros que se encontraban realizando una medida de fuerza pacífica mediante la liberación de molinetes.

Asimismo, la legisladora responsabilizó de manera directa al Poder Ejecutivo porteño por la paralización del servicio de transporte de pasajeros. Según explicó, las detenciones arbitrarias y la violencia ejercida por las brigadas policiales fueron las causantes directas de que las entidades gremiales respondieran, en ejercicio del legítimo derecho de defensa, con un paro total de actividades. En un tramo de particular gravedad institucional, Martín denunció públicamente que durante el procedimiento de arresto de los referentes sindicales, los efectivos policiales confiscaron los dispositivos móviles de los detenidos para posteriormente realizar transferencias bancarias fraudulentas a través de sus listas de contactos. «Se llevaron los celulares de los trabajadores y minutos después les sacaban dinero a sus conocidos, algo completamente insólito y delictivo que apunta contra la propia fuerza policial», recriminó. Para finalizar su exposición, denunció que de manera simultánea al despliegue represivo se produjeron agresiones y robos en las inmediaciones del Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) N.º 24 del barrio de Villa Soldati, rebautizando formalmente a la cartera de Giménez como un «ministerio de la inseguridad» y denunciando sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Operativos de persecución social en las villas y acusaciones por perfilamiento racial

Posteriormente, tomó la palabra la diputada Vanina Biasi, quien centró su interpelación en el financiamiento, la legalidad y los criterios con los que el Ministerio de Seguridad porteño ejecuta intervenciones territoriales en las barriadas del sur de la Ciudad. Biasi exigió al ministro Giménez un informe «detallado y profundo» respecto a la estructura de costos y la asignación presupuestaria destinada a los denominados operativos «Tormenta Negra», desplegados en villas y asentamientos populares, a los cuales tildó categóricamente de despliegues «xenófobos, discriminatorios y de persecución de clase».

Biasi recriminó al oficialismo porteño la falta de transparencia y el encubrimiento parlamentario, recordando que los bloques mayoritarios sistemáticamente rechazaron los reiterados pedidos de interpelación elevados desde el Frente de Izquierda frente a graves hechos de violencia institucional, casos de «gatillo fácil» policial, desalojos represivos contra vendedores ambulantes y trabajadores de la economía popular, así como la afectación de partidas millonarias para «propaganda de corte fascista» destinada a exaltar la acción de las fuerzas de seguridad.

En el tramo final de su acusación, Biasi cruzó fuertemente al ministro sobre la evidente disparidad de los controles policiales según el estrato socioeconómico de la Comuna: sostuvo que el Ministerio no pudo certificar la realización de un solo operativo de idénticas características represivas en zonas de altos ingresos como Puerto Madero o áreas exclusivas de la Comuna 1. Según la diputada, esta asimetría demuestra la vigencia de una doctrina gubernamental fundada en el estigmatizamiento y la punición contra los sectores más vulnerables de la sociedad, como resultado directo del modelo de exclusión que sostiene la gestión del Pro en el distrito porteño.