El Municipio de Villarino formalizó la contratación de un mayor contribuyente que días antes había acompañado al oficialismo en una votación clave. La coincidencia temporal reavivó cuestionamientos sobre la transparencia y la oportunidad de la decisión administrativa.

El Municipio de Villarino formalizó, mediante un decreto firmado el 21 de enero, la contratación de Pablo Javier Rígano, vecino de Pedro Luro, para tareas de asesoramiento y elaboración de proyectos turísticos durante la temporada de verano. La decisión administrativa quedó rápidamente envuelta en cuestionamientos políticos debido al contexto en el que se produjo.

La contratación contempla un amplio abanico de funciones: asesoramiento turístico integral, seguimiento del funcionamiento de los espejos de agua del distrito, utilización de recursos del área, campañas de prevención y relevamientos de infraestructura turística, entre otras tareas vinculadas a la actividad estival.

El punto que genera mayor controversia no es únicamente el contenido del contrato, sino la secuencia de hechos que antecedieron a su firma. Rígano integra la nómina de Mayores Contribuyentes impulsada por el bloque oficialista Acción por Villarino. En ese carácter, el 16 de enero, participó de la votación en el Concejo Deliberante que aprobó la Ordenanza Fiscal Impositiva 2026, acompañando la postura del oficialismo.

Apenas una semana después, su nombre apareció formalmente incorporado como contratado por el Ejecutivo municipal, lo que despertó interrogantes en el arco político local y entre vecinos del distrito. Si bien desde el Municipio se argumenta que la contratación responde a necesidades propias de la temporada de verano, el decreto se firma cuando el mes de enero ya se encontraba avanzado y la actividad turística en pleno desarrollo.

Este detalle abre dudas sobre la oportunidad, la necesidad concreta del servicio y los criterios de selección utilizados para la contratación. A ello se suma otro punto sensible: el monto del contrato no fue informado públicamente, ni se especifica con claridad la partida presupuestaria de la que surgen los fondos.

El caso se da en un contexto en el que el gobierno municipal suele destacar políticas de transparencia, participación y rendición de cuentas, incluso exhibiendo reconocimientos y premios vinculados a la gestión. Sin embargo, la ausencia de datos clave —como el costo del contrato— vuelve a poner en discusión la coherencia entre el discurso y la práctica administrativa.

Si bien no existe una prohibición legal que impida que un mayor contribuyente sea contratado por el Municipio, distintos sectores advierten que cuando quienes intervienen en decisiones fiscales aparecen luego vinculados laboralmente al Ejecutivo, la sospecha política resulta inevitable.

Por el momento, la contratación sigue vigente y no hubo precisiones oficiales sobre el monto ni sobre los mecanismos de evaluación del servicio prestado. La pregunta central permanece abierta: ¿se trata de una coincidencia administrativa o de una señal política que debilita la confianza pública? En un escenario de recursos escasos y ajustes presupuestarios, la transparencia en el uso de los fondos públicos vuelve a quedar bajo la lupa.