El contralmirante Pablo Javier Barbich fue designado al frente de la inteligencia militar tras los cambios introducidos por el DNU 941. Su padre, Alberto César Barbich, fue un alto mando naval durante la dictadura y figura en denuncias y documentos vinculados a la causa ESMA.

La reciente designación del nuevo jefe de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (EMCO) volvió a encender el debate sobre los vínculos entre el actual esquema de defensa e inteligencia y los antecedentes del terrorismo de Estado. La resolución fue firmada por el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y coloca al contralmirante Pablo Javier Barbich en un cargo estratégico, con capacidad de articulación directa con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), tras las modificaciones impulsadas por el DNU 941 del presidente Javier Milei.

El puesto que ahora ocupa Barbich reviste especial relevancia institucional: desde allí se coordinan tareas de inteligencia militar conjunta y se establecen canales de intercambio con los organismos civiles de inteligencia. La designación se da en un contexto de reconfiguración del sistema de inteligencia nacional y se suma a una serie de nombramientos que quedaron atravesados por antecedentes familiares ligados a la última dictadura cívico-militar.

El peso del apellido Barbich

Pablo Javier Barbich es hijo de Alberto César Barbich, un alto jefe de la Armada Argentina que durante años defendió públicamente la actuación de las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983. Barbich padre negó la existencia de un plan sistemático de apropiación de bebés y fue denunciado en el marco de la causa por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

El apellido Barbich ya había generado controversia meses atrás, cuando Marcelo Barbich, hermano mayor del nuevo jefe de inteligencia, fue ascendido al grado de capitán de navío en una ceremonia realizada en el Edificio Libertador. En ese momento, el ascenso fue presentado por sectores afines al Gobierno como una “reparación” frente a supuestas objeciones que habrían existido durante gestiones anteriores por los antecedentes familiares.

El rol de Alberto César Barbich durante la dictadura

Alberto César Barbich nació en 1929 y falleció en 2022. Integró la Armada Argentina entre 1946 y 1982 y ocupó cargos clave durante la dictadura. Según registros periodísticos y judiciales, se desempeñó en la Secretaría General de la Marina, comandó el destructor ARA Hércules y dirigió la Dirección de Instrucción Naval (DIN) entre febrero de 1980 y enero de 1981.

Desde ese puesto, Barbich fue superior directo del jefe de la ESMA, uno de los principales centros clandestinos de detención del país, por el que se estima que pasaron alrededor de 5.000 detenidos-desaparecidos. También calificó y avaló a Edgardo Otero, quien reemplazó a Rubén Jacinto Chamorro al frente de la ESMA y que posteriormente fue condenado por delitos de lesa humanidad.

El nombre de Barbich figura además en el libro Culpables para la sociedad, impunes para la ley, publicado en 1988 por organismos de derechos humanos, donde se lo señala como corresponsable de los centros clandestinos que dependían de la Armada.

Declaraciones públicas y posicionamiento político

En marzo de 1987, Alberto Barbich firmó una solicitada del Consejo de Almirantes, publicada en el diario La Nación. En ese documento, los firmantes se presentaban como quienes condujeron la Armada entre 1975 y 1981 y sostenían que durante ese período se había librado una “guerra legítima contra el terrorismo subversivo”.

El texto afirmaba que “la Armada actuó en forma institucional y orgánica a través de su cadena de mando” y rechazaba lo que definía como una “revisión parcial e injusta de los hechos”, cuestionando los testimonios de sobrevivientes y víctimas. La solicitada fue firmada por 89 almirantes, entre ellos Barbich y Laurio Destefani, abuelo materno de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Denuncias, causas judiciales y vínculos institucionales

Durante los años 2000, Barbich presidió el Grupo de Almirantes Retirados, entidad que en 2000 difundió un comunicado negando la existencia de un plan sistemático de apropiación de menores. En 2004, renunció a la presidencia de la Sociedad Militar Seguro de Vida (SMSV), institución mencionada en distintas causas de lesa humanidad por presuntos vínculos con represores y prófugos.

En 2020, la dirigente Myriam Bregman señaló públicamente que en varias causas se solicitaron medidas de prueba sobre esa institución por lazos con el Batallón de Inteligencia 601 y diversos represores. Además, durante la reapertura de los juicios, Barbich declaró como testigo de la defensa del prefecto Héctor Febres, implicado en la apropiación de bebés nacidos en la ESMA. En 2008, el juez federal Sergio Torres recibió denuncias anónimas que lo vinculaban con tareas represivas.

Antecedentes familiares y reclamos públicos

Las responsabilidades penales no son heredables y las acciones del padre no resultan atribuibles a sus hijos. Sin embargo, organismos de derechos humanos y familiares de represores que integran el colectivo Historias Desobedientes vienen reclamando desde hace años que funcionarios con antecedentes familiares vinculados a la dictadura expresen públicamente su posición frente a esos crímenes.

En 2023, ese espacio impulsó una campaña para que la vicepresidenta Victoria Villarruel se pronunciara sobre la actuación de su padre y de su tío durante el terrorismo de Estado, en línea con una demanda más amplia de posicionamiento institucional frente al pasado reciente.

El ministro de Defensa y su propio pasado familiar

La polémica también alcanza al titular de la cartera de Defensa. Roque Presti, padre del ministro Carlos Alberto Presti, estuvo procesado por crímenes cometidos durante la dictadura. Fue jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 7 de La Plata, responsable del área 113, con intervención en operativos represivos como los secuestros de la Noche de los Lápices y la apropiación de la nieta de María Isabel “Chicha” Mariani.

Consultado sobre estas acusaciones, el ministro se limitó a responder que se trataba de cuestiones de “historia”, sin realizar mayores definiciones. La designación de Barbich y los antecedentes familiares de distintos funcionarios vuelven a poner en foco el debate sobre memoria, verdad y justicia en el marco de la actual reconfiguración del sistema de defensa e inteligencia en la Argentina.