Una exhaustiva investigación de la UFIJ N.º 20 y Cibercrimen culminó con allanamientos simultáneos en las Unidades Penitenciarias N.º 4 y N.º 19 y en un domicilio particular de Bahía Blanca. La justicia busca desarticular una red de extorsión que operaba desde las prisiones, utilizando fotografías íntimas obtenidas a través de redes sociales para sustraer más de $770.000 a la víctima.

En el marco de una investigación por ciberdelito y extorsión, la justicia ordenó una serie de allanamientos de alto impacto que involucraron a dos cárceles del sur bonaerense y una vivienda particular en la ciudad. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucía, y el Juzgado de Garantías N.º 3, dispusieron los operativos para desmantelar una maniobra delictiva organizada desde el interior de las unidades penitenciarias.

El foco de los allanamientos se centró en tres puntos clave: la Unidad Penal N.º 19 de Saavedra, donde se encuentran alojados dos internos señalados; la Unidad Penal N.º 4 de Bahía Blanca, en relación a otro preso involucrado; y una vivienda en la calle Güiraldes al 2600, donde reside una mujer que actuaría como cómplice externo.

El personal de la División de Cibercrimen de la Policía Región Interior Sur tuvo a su cargo los procedimientos, cuyo principal objetivo fue incautar los teléfonos celulares de las personas implicadas y cualquier otro elemento tecnológico que sea de utilidad para avanzar en la causa y comprender la magnitud de la red.

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La sextorsión desde la prisión y el ‘escrache’ como amenaza

La investigación se inició el pasado 11 de noviembre, a raíz de la denuncia de un hombre que había sido víctima de una extorsión bajo la modalidad de sextorsión.

El modus operandi consistía en contactar a la víctima a través de la red social Facebook. Una mujer, actuando como señuelo externo, inició una relación virtual con el damnificado, con quien intercambió fotos de índole sexual. Una vez obtenidas las imágenes privadas, la dinámica cambió drásticamente.

La mujer comenzó a exigir múltiples transferencias de dinero bajo la amenaza de «escracharlo», es decir, de difundir las fotografías íntimas y comprometer su reputación personal y profesional.

Este tipo de delito, conocido como «sextorsión carcelaria», es una práctica lamentablemente frecuente en el país, donde las bandas criminales, valiéndose de la facilidad para ingresar teléfonos a los penales, utilizan a terceros (generalmente mujeres) para engañar y coaccionar a las víctimas en el exterior.

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El rastro del dinero: Más de 770.000 pesos extorsionados

Lo que permitió a la fiscalía establecer la conexión entre la mujer y los presos fue el rastreo del dinero. La víctima, bajo la presión de la amenaza, realizó diversas transferencias bancarias a la cuenta de la mujer, quien posteriormente se encargaba de redirigir esos fondos a las cuentas de los internos que manejaban la operación desde sus celdas.

La suma de dinero extorsionada es significativa. La evidencia recabada muestra que la mujer transfirió fondos a los tres presos de la siguiente manera:

• Al primer investigado: $295.275

• Al segundo: $283.000

• Al tercero: $192.901

• El monto total de la extorsión comprobada, transferido a los presos, asciende a $771.176 pesos.

La imputación penal para los involucrados podría recaer en los delitos de extorsión agravada y, posiblemente, asociación ilícita, dada la estructura coordinada de los cuatro implicados (tres internos y una mujer) y la división de tareas, un elemento clave para configurar este tipo de organizaciones criminales que operan con la impunidad que creen tener desde el encierro.

La incautación de los elementos tecnológicos es crucial para el fiscal De Lucía, ya que permitirá determinar si existen otras víctimas de la misma red y obtener pruebas digitales irrefutables para el futuro proceso judicial.