El Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo solicitó al titular de la Cámara de Diputados bonaerense que se reconsidere el destino de los fondos del endeudamiento. Advierten que la crisis financiera pone en riesgo el pago de salarios y la prestación de servicios esenciales en los municipios.

En un contexto de asfixia financiera para las administraciones locales, los jefes comunales nucleados en el Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRICDE) elevaron un pedido formal al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara. La solicitud busca que la Legislatura autorice, de manera excepcional, la libre disponibilidad del 100% de los fondos provenientes del endeudamiento provincial.

El reclamo surge de un espacio que integra a alcaldes del peronismo, el radicalismo y el PRO, quienes coinciden en que la situación económica de los distritos es «crítica». Según argumentaron en la nota enviada a Dichiara, la caída estrepitosa de los ingresos públicos, sumada al incremento de los costos operativos, ha dejado a los municipios con un margen de maniobra casi nulo para cumplir con sus obligaciones básicas.

El comunicado del Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo sobre la libre disponibilidad de fondos del endeudamiento.

El nudo del conflicto: el reparto 70/30

El foco de la disputa se encuentra en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, creado a partir de la ley de endeudamiento por 3.685 millones de dólares que el gobernador Axel Kicillof impulsó a fines de 2025. Actualmente, la normativa establece que el 70% de esos recursos se distribuye automáticamente mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante queda atado a programas específicos de infraestructura, transporte y cultura manejados por la Provincia.

Lo que los intendentes pretenden es eliminar esa restricción para que la totalidad del dinero pueda ser utilizada en gastos corrientes, principalmente para garantizar el pago de salarios y aguinaldos en octubre de 2026, fecha en la que operarán los desembolsos. «Muchos municipios se han visto obligados a recurrir a mecanismos extraordinarios de financiamiento de corto plazo para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones básicas, situación que no resulta sostenible en el tiempo», advirtieron desde el FRICDE.

La postura de la Provincia y la negativa legislativa

La presión de los jefes comunales no es nueva, pero ahora apunta directamente al corazón del Poder Legislativo. Semanas atrás, intendentes de la Unión Cívica Radical (UCR) mantuvieron un encuentro con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien se desmarcó del reclamo asegurando que la limitación de los fondos fue una decisión de los propios diputados y senadores durante el tratamiento de la ley, y no una imposición del Ejecutivo.

Sin embargo, el panorama para los alcaldes se oscureció recientemente cuando el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, junto a legisladores oficialistas, rechazó la posibilidad de liberar ese 30% excedente. La intención del oficialismo es mantener la discrecionalidad de esos fondos a través de una comisión Bicameral de Seguimiento, lo que permitiría priorizar programas específicos en lugar de solventar los gastos operativos de las comunas.

Pese a este revés inicial, el FRICDE insiste en que la magnitud de la crisis obliga a reconsiderar transitoriamente la afectación específica de los recursos. Los intendentes reclaman «celeridad» en la instrumentación de una mesa de trabajo para analizar alternativas de asistencia financiera que eviten una desestabilización institucional en el territorio bonaerense. Con la nota en manos de Dichiara, la pelota vuelve a estar en el terreno legislativo, donde se definirá si los municipios reciben el oxígeno financiero que demandan o si deberán afrontar el cierre del año con recursos limitados.