La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), mediante una presentación firmada por su secretario general Rodolfo Aguiar, formalizó una solicitud de Acceso a la Información Pública ante la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional. El pedido tiene como objetivo central determinar de manera oficial si existe algún examen, junta médica, certificado o dictamen profesional que avale la aptitud psicofísica y psíquica del presidente Javier Milei para el desempeño de sus funciones gubernamentales.

El documento, fechado el 15 de septiembre de 2026 y amparado en la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública y su Decreto Reglamentario N° 206/2017, establece una serie de puntos concretos dirigidos a la administración central. En primer lugar, la entidad sindical requiere saber si en la actualidad cuenta la Presidencia de la Nación u organismos dependientes con alguna evaluación médica sobre el estado de salud del Jefe de Estado. En caso afirmativo, ATE solicitó que se informe la fecha de realización, el organismo o profesional interviniente y el resultado final expresado en términos de aptitud, aclarando expresamente que no se pretende acceder al detalle clínico, diagnóstico o historial médico privado del mandatario.

Asimismo, la solicitud pone el foco en el marco regulatorio e institucional del país. El gremio indagó sobre la existencia de normativas, protocolos o reglamentos internos —ya sean vigentes o en etapa de proyecto— que prevean la realización de controles periódicos de salud mental y física aplicables a la figura presidencial. Esta demanda se fundamenta en las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional en su artículo 99, incisos 1° y 12°, que definen al Presidente de la Nación como el Jefe Supremo de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. En ese aspecto, ATE requirió que, ante una eventual denegatoria total o parcial del pedido, la Jefatura de Gabinete emita una respuesta por escrito debidamente fundada bajo las excepciones contempladas en el artículo 8° de la norma, aplicando los criterios de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

Desde el punto de vista sindical y político, la medida impulsada por el Consejo Directivo Nacional de ATE remarca la profunda asimetría existente entre los requisitos exigidos a los trabajadores estatales de base y aquellos aplicados a las máximas autoridades electas. Según argumentó el secretario general Rodolfo Aguiar, a cualquier ciudadano que ingresa a la administración pública nacional se le exige de forma obligatoria el cumplimiento de un estricto examen preocupacional. Sin embargo, no existe una exigencia similar para quien conduce los destinos del Estado y administra los recursos públicos, lo que a criterio del sindicato representa un vacío normativo de gravedad institucional.

Las repercusiones del pedido se extendieron a la arena pública tras las severas declaraciones expresadas por Aguiar en sus canales oficiales. El dirigente denunció la presencia de supuestos «desequilibrios evidentes» en la conducción del Ejecutivo y advirtió que la falta de aptitud psicofísica para el ejercicio de la función pública podría acarrear consecuencias jurídicas de enorme magnitud, incluyendo la eventual nulidad de los actos y decretos firmados durante la gestión. Finalmente, la conducción de ATE anunció que no se limitará a este pedido puntual, sino que promoverá un proyecto de ley para que las evaluaciones psicofísicas sean de carácter obligatorio para la totalidad de las candidaturas a cargos electivos en el país.