El Tribunal en lo Criminal N.º 1 dictó una pena única de 12 años y 9 meses de prisión para Emiliano Iglesias. El imputado, que ya cumplía condena en Barker, utilizaba perfiles falsos de redes sociales y simulaba ser autoridad policial para exigir dinero a un vecino de Punta Alta.

El Fuero Penal de la región emitió una sentencia ejemplar contra la modalidad de delitos cometidos desde establecimientos carcelarios. El Tribunal en lo Criminal N.º 1 condenó, mediante un juicio abreviado, a Emiliano Iglesias a la pena de 6 años y 6 meses de prisión por el delito de extorsión. Sin embargo, al unificarse con una condena previa que el acusado se encontraba cumpliendo en la Unidad Penitenciaria N.º 37 de Barker, la pena total se elevó a 12 años y 9 meses de reclusión.

El «modus operandi»: del engaño virtual a la amenaza policial

La investigación, encabezada por la UFIJ N.º 20 bajo la tutela del fiscal Rodolfo de Lucia, reconstruyó una maniobra delictiva iniciada entre los días 5 y 6 de mayo de 2024. El proceso comenzó con un ardid digital clásico: el contacto a través de un perfil falso de Facebook que simulaba ser una mujer joven. Tras entablar conversaciones que derivaron en el intercambio de material con contenido sexual, la red criminal activó la segunda fase del plan.

El 6 de mayo, la víctima recibió comunicaciones de personas que simulaban ser funcionarios policiales. Bajo la falsa premisa de que la joven del perfil era menor de edad y poseía una discapacidad, los delincuentes exigieron un pago inicial de 300.000 pesos para «frenar» una supuesta denuncia de la madre. Horas después, incrementaron la presión intimidatoria amenazando con un allanamiento inminente en el domicilio de la víctima y el inicio de una causa penal, logrando que el hombre entregara otros 200.000 pesos en la intersección de Espora e Irigoyen, en Punta Alta.

La denuncia y la caída

Lejos de cesar el hostigamiento, el 7 de mayo el acusado volvió a intimidar a la víctima para exigir una nueva suma de dinero. En esta ocasión, el damnificado decidió radicar la denuncia, lo que permitió organizar un operativo policial. La entrega debía realizarse en Murature e Irigoyen, donde efectivos de seguridad aprehendieron a la mujer encargada de retirar el efectivo.

Finalmente, la justicia determinó que Iglesias fue el coautor penalmente responsable de los delitos de extorsión y tentativa de extorsión en concurso real. Por su parte, la mujer que había sido aprehendida inicialmente fue absuelta en agosto de 2025, al demostrarse que desconocía el origen ilícito del dinero que se le había pedido retirar