La diputada nacional Lourdes Arrieta presentó nueva documentación ante la Justicia Federal, denunciando un colapso sanitario sistémico en la obra social de las Fuerzas Armadas. La acusación incluye presunta administración fraudulenta y falta de cobertura en tratamientos oncológicos y de discapacidad en todo el país.

La situación sanitaria de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ha llegado a un punto crítico que ahora busca resolución en los tribunales federales. La diputada nacional Lourdes Arrieta formalizó la ampliación de una denuncia penal en la causa CFP 1066/2026, dirigida contra el Ministro de Defensa, Luis Alfonso Petri, y otros responsables, por delitos que incluyen defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y abandono de persona.

La nueva presentación judicial, radicada el pasado 5 de mayo, incorpora un relevamiento federal de afiliados y familiares vinculados al sistema IOSFA/OSFA. El documento detalla una realidad alarmante: interrupción de tratamientos vitales, falta de entrega de medicamentos básicos, demoras injustificadas en reintegros y una ausencia casi total de prestadores en diversas provincias. Según la denuncia, esta situación está forzando a los pacientes —muchos de ellos en condiciones de extrema vulnerabilidad— a derivarse al sistema público de salud, que ya se encuentra saturado.

Historias de desamparo y el caso Velázquez

«Detrás de cada expediente hay una historia humana», enfatizó la legisladora al presentar testimonios de pacientes oncológicos y personas con discapacidad que han perdido sus prestaciones esenciales. Uno de los puntos más sensibles de la ampliación es el caso del Suboficial Mayor del Ejército Argentino, Héctor Carlos Velázquez, oriundo de San Juan. Velázquez, quien padecía una enfermedad oncológica avanzada, sufrió graves carencias en la cobertura médica necesaria durante sus últimos días, convirtiéndose en el símbolo del reclamo de miles de familias militares.

Arrieta subrayó que los retirados, quienes aportaron durante toda su vida al sistema, se enfrentan hoy a la cruel disyuntiva de tener que elegir entre comprar sus medicamentos o cubrir sus necesidades alimentarias básicas. «Ningún argentino que haya servido a la patria debería sentirse solo o abandonado frente a una enfermedad», sostuvo la diputada por Mendoza.

Hacia una resolución judicial

La justicia deberá investigar ahora si existió una desviación de los fondos destinados a la salud de las fuerzas hacia otros fines, configurando el delito de malversación. La denuncia solicita medidas de prueba urgentes para esclarecer la cadena de responsabilidades y frenar el deterioro prestacional. «Esto no es una pelea política. Es una obligación moral garantizar que las familias afectadas vuelvan a tener acceso digno a la salud», concluyó la legisladora, quien aseguró que continuará impulsando la causa hasta que se regularice la atención sanitaria de quienes defienden a la nación