El Juzgado Correccional N° 3 dictó sentencia contra Lucca Ian Benítez Jara y Lucas Diego Duarte por su participación en una estafa millonaria mediante maniobras de ingeniería financiera y criptomonedas. La investigación, iniciada tras una denuncia de la firma local en 2023, reveló un complejo entramado de transferencias sucesivas diseñado para lavar el dinero sustraído.

El fin de un complejo esquema de triangulación financiera

La justicia bahiense dio un paso decisivo en la resolución de una de las estafas digitales más significativas de los últimos años contra el sector privado local. El Juzgado Correccional N° 3, bajo la órbita de la jueza Susana González La Riva, condenó a Lucca Ian Benítez Jara a la pena de un año y seis meses de prisión, y a Lucas Diego Duarte a un año de prisión de ejecución condicional, tras hallarlos culpables de una defraudación millonaria que afectó a una reconocida empresa de Bahía Blanca.

Además de las penas privativas de libertad, la magistrada impuso a los condenados estrictas reglas de conducta por el término de dos años. Estas incluyen la obligación de fijar residencia —de la cual no podrán ausentarse sin aviso previo a la justicia— y el sometimiento formal al control del Patronato de Liberados.

La maniobra: del token al mercado cripto

La investigación, llevada adelante por la UFIJ N.º 20 bajo la dirección del fiscal Rodolfo De Lucia, se remonta a octubre de 2023. En aquel entonces, el responsable de la firma damnificada advirtió irregularidades mientras una empleada realizaba pagos de rutina. El sistema bancario le solicitaba las claves token de manera reiterada y anómala; una señal de alerta que, lamentablemente, fue el preludio del robo de más de 150 millones de pesos de las arcas de la empresa.

Para ocultar el rastro del dinero, los estafadores montaron una estructura de «pitufeo» y triangulación. El monto total fue inicialmente fragmentado y transferido a nueve cuentas de distintos titulares. Desde allí, el capital se atomizó hacia otras 36 cuentas bancarias y billeteras virtuales de manera sucesiva. El objetivo final de esta red de giros encadenados era la adquisición de criptomonedas, un recurso utilizado habitualmente para dificultar la trazabilidad de los fondos ilícitos.

Identificación de roles y responsabilidades

El trabajo de inteligencia sobre los movimientos financieros permitió a la fiscalía detectar identidades recurrentes en la cadena de transferencias. A partir de estos datos, se ordenaron allanamientos y detenciones que permitieron desglosar el rol de los involucrados.

Si bien la causa identificó originalmente a cinco personas con distintos niveles de participación en el hecho, la condena de Benítez Jara y Duarte marca un precedente sobre el uso de mulas bancarias y la responsabilidad en el manejo de cuentas para el lavado de activos provenientes de estafas electrónicas. La causa continúa su curso para determinar la responsabilidad final del resto de los integrantes de esta organización criminal que golpeó al empresariado bahiense.