El gobierno de Javier Milei evalúa una controvertida solicitud del Comando Sur de Estados Unidos para la instalación de una base de submarinos nucleares en Ushuaia, Tierra del Fuego. La posible cesión de terrenos, que genera fuerte preocupación en la provincia austral, es vista como parte de una estrategia estadounidense para fortalecer su presencia en el Atlántico Sur y la Antártida, en un contexto de creciente influencia china en la región. La Casa Rosada, por su parte, anticipa la pronta concreción de los permisos.

La Patagonia argentina se encuentra en el centro de un debate geopolítico de alto voltaje. El gobierno de Tierra del Fuego ha manifestado una profunda preocupación ante la inminente posibilidad de que la administración de Javier Milei acceda a la solicitud del Comando Sur de Estados Unidos para establecer una base de submarinos de la armada norteamericana en Ushuaia, la capital fueguina. Esta potencial cesión de soberanía sobre un territorio estratégico en el sur del continente ha encendido las alarmas en la provincia, que ve en esta propuesta una amenaza a su autonomía y un cambio drástico en el equilibrio de fuerzas en la región.

El pedido formal para la entrega inmediata de los terrenos, con el objetivo de iniciar las obras antes de 2026, fue presentado por el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, directamente a funcionarios de la Casa Rosada. La respuesta del gobierno nacional ha sido contundente y alineada con la solicitud estadounidense: fuentes de la Casa Rosada han manifestado que la «sintonía» con el almirante Holsey «es total» y anticipan que «para antes de fin de año estarán los permisos». Esta celeridad en la tramitación de una medida de tal envergadura ha generado sorpresa y una creciente inquietud en diversos sectores.

La solicitud de la base naval en Ushuaia no es un hecho aislado. Se suma a un pedido paralelo por parte de Estados Unidos para reactivar un radar inglés de alta potencia en la región. Ambas iniciativas son interpretadas en Tierra del Fuego como parte de una estrategia más amplia de Washington para «fortalecer su presencia militar en el Atlántico Sur y la Antártida». Esta escalada de intereses militares se da en un contexto geopolítico complejo, marcado por la creciente presencia e inversiones de la República Popular China en la región, lo que subraya una competencia por la influencia en una zona de vital importancia estratégica. La Patagonia, con su acceso a la Antártida y su riqueza en recursos naturales, se convierte así en un punto neurálgico de la contienda entre las potencias globales.

La preocupación en Tierra del Fuego no se limita únicamente a la cuestión de la soberanía y la presencia militar extranjera. La provincia ve en esta estrategia una posible correlación con políticas internas que podrían afectar directamente su futuro. Se afirma que la idea de tener un centro de operaciones de submarinos nucleares en su territorio se condice, alarmantemente, con el cierre de las industrias fueguinas, históricamente protegidas por un régimen de promoción industrial, y con un eventual traslado de la población a otras regiones del país. Este escenario dibuja un futuro incierto para los habitantes de la provincia, que temen que la instalación de una base militar extranjera pueda tener consecuencias socioeconómicas devastadoras, alterando la fisonomía productiva y demográfica de Tierra del Fuego.

La discusión sobre la base naval en Ushuaia va más allá de un simple acuerdo militar; representa un profundo debate sobre la soberanía nacional, la política exterior argentina y el futuro de una de las regiones más estratégicas del país. La decisión del gobierno de Milei de avanzar con este pedido será, sin duda, un punto de inflexión en las relaciones internacionales de Argentina y en el destino de su extremo sur.