Trabajadores de la planta procesadora de uranio denuncian que la falta de presupuesto y la gestión actual han derivado en la suspensión de protocolos básicos. Alertan sobre fugas de material radiactivo y accidentes que habrían dejado al personal expuesto.

La seguridad nuclear en Argentina se encuentra en estado de alerta tras una serie de graves denuncias provenientes de la planta de Dioxitek S.A. en Córdoba. Empleados de la firma estatal, responsable exclusiva de producir el dióxido de uranio ($UO_2$) para las centrales Atucha I, II y Embalse, aseguran que la administración actual ha dejado de aplicar protocolos de seguridad fundamentales debido a recortes presupuestarios, lo que podría desencadenar un desastre de magnitudes incalculables.

Según los testimonios recogidos, la situación ha escalado a niveles críticos con la ocurrencia de al menos dos accidentes recientes que fueron mantenidos bajo estricto hermetismo. El primero habría involucrado la rotura de una maquinaria calificada como «irrecuperable» debido a la falta de mantenimiento técnico; el segundo, aún más alarmante, consistió en una fuga de uranio a través de las tuberías de las instalaciones, exponiendo directamente al personal a material radiactivo.

Las irregularidades denunciadas no se limitan a los accidentes operativos. Los trabajadores advierten sobre un manejo negligente de los desechos nucleares y el incumplimiento de normas de higiene radiológica básica. Entre las prácticas señaladas destaca el lavado de ropa de seguridad sin el tratamiento previo del agua residual —lo que podría contaminar napas locales— y el almacenamiento inapropiado de residuos peligrosos dentro del predio.

A esto se suma la denuncia por la falta de controles médicos rigurosos. Los empleados afirman que no se están realizando las mediciones de dosimetría correspondientes para monitorear a qué niveles de radiación está siendo expuesto el cuerpo humano durante la jornada laboral. En un entorno donde el manejo del uranio de grado cerámico exige una precisión absoluta, la ausencia de insumos y presupuesto parece haber desplazado a la seguridad como prioridad principal de la empresa estatal.