Denuncian al juez de la quiebra de SanCor por maniobras arbitrarias

Un grupo de acreedores y trabajadores de la cooperativa láctea SanCor formalizó un pedido de jury de enjuiciamiento y destitución contra el juez Marcelo Gelcich, magistrado a cargo del proceso de quiebra de la firma radicada en Rafaela. El planteo, que fue presentado formalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe, solicita el apartamiento inmediato del juez, el congelamiento de los plazos procesales para la liquidación de activos y la declaración de nulidad de la quiebra ante la existencia de graves irregularidades en el manejo del expediente.

La denuncia penal y administrativa fue acompañada por la presentación de uno de los síndicos independientes del caso, quien expuso ante el máximo tribunal provincial un entramado diseñado de forma deliberada para neutralizar las auditorías internas, concentrar de forma opaca el manejo de activos millonarios y favorecer operaciones comerciales específicas. Según consta en el escrito, el eje del conflicto radica en la vulneración sistemática de la Ley de Concursos y Quiebras mediante la instauración de un esquema de poder paralelo dentro del juzgado.

El esquema de poder paralelo y la supresión de controles

De acuerdo con el abogado denunciante, el juez Gelcich montó un mecanismo administrativo orientado a obstaculizar el control independiente que, por mandato legal, le corresponde ejercer a la sindicatura plural. La maniobra principal consistió en la designación directa y arbitraria de la contadora Lucila Inés Prono como coadministradora, eludiendo el sorteo público y obligatorio que exige el registro normativo de la Corte Suprema.

Si bien esta figura técnica se incorporó inicialmente con el único propósito de asistir a los síndicos ante las trabas de la empresa para remitir balances, la denuncia advierte que Prono terminó acaparando funciones exclusivas de la sindicatura, funcionando en la práctica como un órgano de supresión de control.

Esta situación provocó una fractura interna en los equipos de fiscalización del expediente judicial:

Funcionario en el expediente Rol institucional Alineamiento y postura técnica
Juan Tomat Síndico independiente Mantiene una postura de fiscalización estricta y transparente.
Oscar Epstein Síndico independiente Sostiene una posición rigurosa de control sobre los activos.
Ignacio Pacheco Tercer síndico integrante Alineado con las directivas del juzgado y la coadministradora.
Lucila Inés Prono Coadministradora (designación directa) Bloque mayoritario que concentra pliegos y ofertas comerciales.

A través de esta división, el bloque conformado por la coadministradora y el síndico Pacheco logró acaparar las decisiones estratégicas sobre la elaboración de pliegos de bases y condiciones, el manejo de ofertas comerciales y la tasación de las unidades productivas.

Liquidación de activos y el impacto en los acreedores

En medio de las acusaciones por falta de transparencia, el juez Gelcich estableció en las últimas semanas un precio mínimo de US$ 52,1 millones para avanzar con la liquidación total de los activos físicos de SanCor, que incluyen las seis plantas industriales que posee la empresa, junto con sus activos intangibles y marcas comerciales. Los bienes del patrimonio lácteo serán enajenados mediante un sistema de licitaciones separadas.

Frente a esta resolución, el denominado Consorcio de Acreedores de SanCor —coordinado por el abogado Aldo Regali y compuesto por 1066 damnificados entre productores, proveedores, trabajadores activos y ex empleados bajo regímenes de retiro voluntario— se adhirió al reclamo judicial advirtiendo que el proceso de liquidación actual consumará un vaciamiento de la cadena productiva.

“En la quiebra, la propia coadministradora, en una reunión que tuvimos hace un mes, según los números de ella, el 87% de los acreedores no cobraría nada, y el restante cobraría entre un 20 y un 25% de su acreencia. O sea, la quiebra deja el tendal de acreedores sin cobrar”.

La preocupación del consorcio radica en el severo impacto socioeconómico que el cierre del proceso judicial provocará en la región santafesina debido a la magnitud de los saldos comerciales impagos:

  • Productores remitentes: Se registran deudas individuales fijadas en la cadena de suministro que superan los $700 millones.

  • Proveedores de servicios: Las acreencias comerciales acumuladas oscilan entre los $200 y $300 millones por firma.

  • Efecto dominó regional: La falta de pago genera de inmediato un bache financiero y la ruptura de la cadena de pagos local, debido a que las empresas damnificadas arrastran obligaciones secundarias con otros eslabones de la economía regiona