El edil oficialista Jonathan Arce, integrante de la Comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, fue infraccionado y su camioneta retenida el pasado viernes tras negarse a realizar la prueba de alcoholemia. Esta conducta, que la normativa vigente presume automáticamente como un resultado positivo, desató una multa millonaria y el pedido inmediato de renuncia por parte de referentes de la seguridad vial, quienes exigen responsabilidad pública ante un caso de flagrante hipocresía institucional.

Un nuevo y grave escándalo institucional sacude la política de Bahía Blanca. El concejal oficialista Jonathan Alberto Arce (miembro del bloque Fuerza Patria/Unión por la Patria), quien paradójicamente ocupa una banca en la estratégica Comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, fue interceptado en un operativo vial y se negó a someterse al test de alcoholemia.

El incidente, registrado en el acta Nº 1294148 labrada el 21 de noviembre de 2025 en Luis Piedra Buena 122, no es un mero hecho contravencional, sino un severo problema de ética pública y una violación flagrante a las mismas normativas que el edil debería promover. Al negarse a «soplar la pipeta» —tal como consta en el registro oficial del Sistema de Gestión Tributaria Web municipal—, el concejal incurrió automáticamente en una infracción gravísima.

Según la legislación vigente, la negativa a realizar la prueba de alcoholemia implica una presunción de resultado positivo, lo que desencadenó el secuestro inmediato de su vehículo. Las consecuencias económicas y legales son contundentes: Arce deberá afrontar una sanción que asciende a $1.412.860, además de cubrir los gastos de traslado y restitución del rodado ante el Tribunal de Faltas.

El conflicto ético: Un custodio de la ley que la evade

La gravedad del hecho radica en el doble estándar de un funcionario que integra la comisión encargada de discutir, analizar y aprobar las políticas locales de seguridad vial. El concejal Arce fue electo en 2023 con un mandato que lo coloca en el corazón del debate sobre la concientización y la prevención de siniestros. Su acción no solo incumple la ley, sino que mina la credibilidad de las campañas de tránsito que el propio municipio impulsa.

La reacción social no se hizo esperar. Santiago Saccoccia, referente de Estrellas Amarillas de Argentina —una organización que lucha por la prevención vial tras la trágica muerte de su hijo a manos de un conductor alcoholizado—, solicitó públicamente la renuncia de Arce. A través de la red social X, Saccoccia difundió la captura del acta de infracción y emplazó al intendente Federico Susbielles a tomar cartas en el asunto, aplicando el mismo criterio de responsabilidad exigido a funcionarios de gestiones anteriores.

«Como hice en la gestión anterior con otro intendente y otro funcionario, esta vez solicito la renuncia del concejal con presunción de alcoholemia positiva», escribió el activista, poniendo el foco en la necesidad de que los cargos públicos mantengan una conducta intachable, especialmente en temas tan sensibles para la comunidad.

Silencio oficial y antecedentes preocupantes

Hasta el momento, la respuesta desde el Ejecutivo Municipal ha sido el silencio. La redacción de este medio intentó sin éxito obtener comentarios del Juez de Faltas, Dr. Carlos Salgado; la Directora de la Unidad Intendencia, Virginia Pascual; y el Presidente del Bloque de Unión por la Patria, Álvaro Díaz. Este mutismo político alimenta las críticas sobre una posible falta de transparencia y voluntad de asumir el costo político de la conducta del edil.

El caso de Arce se suma a una lista de antecedentes preocupantes en el ámbito municipal. En 2013, el entonces subsecretario de Promoción Social, Pablo Reynafé, tuvo que dimitir tras negarse a un control de alcoholemia. Más recientemente, en 2021, el Director de Delegaciones, Fabián Tuya, también renunció tras un siniestro vial en el que se negó a realizar la prueba. Estos precedentes establecen un patrón de exigencia de responsabilidad que ahora el gobierno municipal debe honrar si busca mantener la coherencia en su discurso de seguridad vial.

El concejal Arce, que tiene mandato hasta 2027, enfrenta ahora no solo un proceso contravencional en el Tribunal de Faltas, sino la exigencia de su renuncia y una severa crisis de confianza pública que ha opacado la agenda política de la semana. La comunidad bahiense aguarda una respuesta oficial que determine si la ley y la ética son iguales para todos, o si existen privilegios para quienes ocupan el poder.