En medio de una creciente tensión política, el partido de Mauricio Macri intensifica su estrategia de diferenciación. La legisladora Laura Alonso exigió explicaciones judiciales al jefe de Gabinete, mientras el expresidente advierte sobre las fisuras internas en el Gobierno.

El escenario político nacional atraviesa un reacomodamiento estratégico. El PRO, liderado por Mauricio Macri, ha acelerado su ofensiva para marcar distancia de la administración de Javier Milei, utilizando como plataforma tanto la delicada situación judicial de los funcionarios libertarios como el análisis de la gestión interna.

El punto de inflexión más reciente ocurrió con las declaraciones de la legisladora porteña del PRO, Laura Alonso, quien exigió públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente su declaración jurada y aclare los puntos oscuros que rodean su gestión. La causa, que tramita en los tribunales de Comodoro Py bajo la supervisión del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, investiga posibles irregularidades vinculadas al enriquecimiento ilícito.

Alonso no se limitó a señalar la necesidad de transparencia, sino que también cuestionó la virulencia de la interna dentro de La Libertad Avanza. Según la legisladora, las disputas internas tienen un impacto negativo directo en la administración del Estado, generando parálisis y dudas sobre la eficacia de las medidas tomadas. «Las peleas internas siempre afectan a la gestión. La paralizan, generan dudas, se traban las cosas», afirmó, alineándose con una postura de crítica constructiva que busca capitalizar el malestar de sectores descontentos con el rumbo actual.

Este movimiento no ocurre en el vacío. Coincide con la reaparición pública de Mauricio Macri, quien durante un acto reciente en Mendoza envió señales claras al Ejecutivo nacional. El expresidente dejó entrever que el Presidente podría no estar advirtiendo la profundidad de las «fisuras» en su propio equipo de trabajo. Con una frase contundente, Macri aseguró que «a veces los enemigos están adentro», y añadió una advertencia sobre el futuro: «El PRO tiene que estar listo cuando nos llegue el momento. A prepararse porque viene el próximo paso».

El frente judicial como eje de la distancia

El factor judicial es, quizás, el punto de mayor vulnerabilidad para el Gobierno en esta relación tensa. El caso contra Manuel Adorni ha entrado en una etapa crítica. En los pasillos de Comodoro Py, los investigadores consideran que el caudal probatorio reunido podría ser suficiente para convocar al funcionario a una declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno.

La investigación se centra en dos ejes principales. Primero, el polémico viaje que Adorni realizó a Punta del Este junto a su familia durante el feriado de Carnaval. Los cruces de llamadas, el análisis de geolocalización y la documentación recopilada por la fiscalía arrojan dudas que el jefe de Gabinete aún debe responder ante la justicia.

Segundo, la atención se ha desplazado hacia la propiedad que el funcionario adquirió en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. Según los documentos que obran en el expediente, la escrituración de la propiedad se realizó por unos 120.000 dólares. Sin embargo, los investigadores señalan inconsistencias en el financiamiento: se habrían pagado 5.000 dólares iniciales y posteriormente unos 245.000 dólares en refacciones, presuntamente efectuadas con dinero «en negro» o fuera del sistema bancario formal.

Para el PRO, la situación judicial de Adorni representa una oportunidad para marcar un contraste ético y de gestión. La estrategia de diferenciación parece consolidarse: mientras el Gobierno enfrenta tormentas internas y procesos judiciales, el macrismo busca posicionarse como una alternativa preparada para cuando el momento político lo demande.