La Justicia federal detectó pruebas que vinculan compras de la Andis con pagos irregulares a intermediarios. El sistema incluía una red de proveedores y el cobro de retornos millonarios por licitaciones, con evidencias de pagos sistemáticos que alcanzaban la quinta parte del valor de las adjudicaciones.

 

La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), encabezada por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, ha dado un giro significativo. Los avances en la causa apuntan a la existencia de un aceitado mecanismo de «retornos» donde intermediarios exigían entre un 12% y un 20% del valor de las licitaciones a cambio de permitir la participación de los contratistas en el sistema de compulsas del organismo.

El foco de la investigación se centra en la figura de Miguel Ángel Calvete, señalado como un «engranaje permanente» entre la Andis y las firmas proveedoras. La Justicia ha logrado reconstruir, mediante documentos internos, mensajes y tablas de Excel, una operatoria donde las fechas y montos de los certificados de pago emitidos por el Estado coinciden de forma exacta con los registros hallados en dispositivos electrónicos vinculados a los sospechosos.

La lógica de las «ofrendas»

Uno de los elementos probatorios más contundentes es un mensaje enviado por un exfuncionario del área a Calvete bajo el título «Sus ofrendas de esta semana». El documento contenía una lista de 10 contratistas del Estado con un total de 2.021 millones de pesos. La fiscalía corroboró que, ese mismo día, la Andis emitió 16 certificados de pago que sumaban exactamente la misma cifra.

En el caso particular de la firma «Artrobone Ortopedia S.A.», la Justicia detectó una maniobra elocuente. El 30 de junio de 2025, el organismo emitió pagos por 17 y 16 millones de pesos. Poco tiempo después, la empresa envió a Calvete —quien no cumplía funciones públicas ni formaba parte de la firma— una tabla con las mismas cifras, restando el 20% ($6.600.000) bajo el concepto de «Miguel», lo que sugiere un pago directo por concepto de intermediación ilícita.

Empresas fantasma y sobreprecios

La causa también indaga sobre el funcionamiento de otras compañías, como Expo Trauma S.A. y Ortopedia Bernat, esta última mencionada en un documento interno del Ministerio de Salud por facturar un andador con un presunto sobreprecio del 4.239%. En el caso de Expo Trauma, la Justicia encontró archivos que señalaban «Miguel 20%» en referencia a una compra de sillas.

La opacidad del sistema de contrataciones facilitó estas prácticas. Según la investigación, las compulsas de la Andis no se publicaban en el portal nacional Compr.Ar, lo que impedía el control público y permitía licitaciones «acotadas». Además, los investigadores se toparon con domicilios fiscales que no existen, como fue el caso de Expo Trauma, cuyo supuesto «domicilio operativo» en Haedo no pudo ser verificado por las autoridades.

La respuesta de las partes

Ante el avance del expediente, que involucra a 49 personas citadas a indagatoria, las estrategias de defensa han sido diversas. Mauricio D’Alessandro, abogado del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, rechazó cualquier participación de su defendido, asegurando que no conocía a los proveedores ni tenía injerencia directa en las licitaciones.

Por otro lado, desde la defensa de los proveedores, empresas como Ortopedia Bernat negaron formar parte de un circuito de coimas, mientras que los representantes de Prolite Orthopedics admitieron el vínculo con Calvete, pero bajo la figura de un gestor comercial «habitual en el sector», desconociendo sus posibles vínculos con funcionarios.

La Justicia ahora aguarda el resultado de los peritajes sobre los audios y documentos secuestrados para determinar si este sistema de «ofrendas» constituía la base de una asociación ilícita diseñada para defraudar al Estado nacional.