La causa que investiga las 173 muertes asociadas al fentanilo adulterado en Argentina sumó nuevos y contundentes elementos. Una testigo clave describió ante la Justicia un presunto entramado sistemático dentro de Laboratorios Ramallo para ocultar la contaminación bacteriológica de la sustancia, acelerando controles y haciendo desaparecer evidencias. El escándalo, que ya cuenta con 14 directivos y responsables procesados por adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, es considerado una de las mayores tragedias sanitarias de la historia reciente del país, equiparable a sucesos como Cromañón u Once.

La investigación judicial por el fentanilo de uso clínico contaminado, un caso que conmovió a la opinión pública y al sistema sanitario de Argentina, continúa sumando pruebas que apuntan a una conducta corporativa deliberada por parte de los responsables del laboratorio. El Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, recibió una declaración testimonial que refuerza la sospecha de que el fallecimiento de 173 personas no fue consecuencia de una falla aislada, sino de un plan para priorizar la producción y la venta por encima de la vida de los pacientes.

El caso, que afecta principalmente a la Provincia de Buenos Aires, ha sido catalogado por la propia justicia como la mayor tragedia sanitaria registrada en el país, dada su letalidad, el alcance federal de los lotes contaminados (31202 y 31244) y la negligencia acumulada que se desprende del expediente.

La consigna interna: «Había que vender»

 

La nueva testigo, que declaró en el marco de la investigación, brindó detalles cruciales sobre el funcionamiento interno de Laboratorios Ramallo (que opera bajo el grupo HLB Pharma). Su testimonio se centró en cómo la empresa operaba para esquivar los controles de calidad obligatorios impuestos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Uno de los puntos más sensibles de su declaración se refiere a los controles de esterilidad, un proceso crítico para garantizar que un producto de uso clínico intravenoso esté libre de bacterias. Estos análisis, por protocolo, requieren un tiempo mínimo de incubación y control que puede extenderse hasta dos semanas.

La testigo afirmó que existían «órdenes de arriba» para acelerar estos plazos de manera sistemática, con el propósito de evitar que la producción quedara paralizada o, peor aún, que los lotes fueran retenidos. Lo más alarmante fue su confirmación de que, incluso cuando los resultados de los análisis microbiológicos daban «positivo» a contaminación, la producción se mantenía. La razón esgrimida internamente era la consigna de que “había que vender”, lo que sugiere que la rentabilidad fue un factor determinante para ignorar el riesgo letal para la salud pública.

El ocultamiento de evidencias y la ANMAT

 

El entramado de ocultamiento no se limitaba a falsear los tiempos de control. La testigo reveló otro mecanismo destinado a borrar cualquier rastro de la actividad ilícita: la desaparición de los registros internos.

Según su declaración, los cuadernos donde se asentaban los resultados de los controles microbiológicos “desaparecían” de manera recurrente cuando comenzaban a circular rumores internos sobre posibles inspecciones o allanamientos por parte de la ANMAT. Este patrón de borrado de evidencias apuntaría a la existencia de un mecanismo sostenido en el tiempo, diseñado específicamente para evadir la fiscalización del organismo regulador y la acción de la Justicia.

Este testimonio se suma a intercambios de chats ya incorporados al expediente, que demuestran que la conducta de adulteración y comercialización de la sustancia contaminada no fue una falla humana puntual, sino un modo de operación avalado por la dirección del laboratorio.

La situación judicial: 14 procesados por delito penal agravado

 

La causa judicial avanza con firmeza. Actualmente, la investigación cuenta con 14 imputados entre dueños, directivos y responsables de la producción y control de calidad de Laboratorios Ramallo. Cuatro de ellos, incluyendo al propietario, Ariel García Furfaro, y su hermano y directivo, Diego García, se encuentran detenidos en el Penal de Marcos Paz.

Los procesados enfrentan cargos graves: adulteración y distribución de sustancias medicinales destinadas al uso sanitario, agravada por resultado de muerte. La figura penal del artículo 200 del Código Penal, que reprime a quien «envenenare o adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas,» prevé duras penas, especialmente cuando el hecho es seguido de la muerte de una persona.

La Justicia federal, además de la investigación penal, ha debido suplir las deficiencias administrativas de la empresa al ordenar un vasto Plan de Recupero para retirar la totalidad de las ampollas contaminadas que aún circulaban en hospitales y centros de salud de varias provincias.