En una decisión que genera controversia, el Gobierno Nacional ha anunciado la suspensión de nueve proyectos de renovación ferroviaria previstos para 2025, redirigiendo una inversión de US$1.700 millones hacia el fortalecimiento de planes sociales. La medida excluye a jubilados y pensionados de la distribución, y busca, según fuentes oficiales, «reestructurar la cartera de inversión pública».

El Gobierno ha dado un giro de timón en su política de inversión pública al anunciar la cancelación de nueve proyectos ferroviarios que contaban con una asignación presupuestaria de US$1.700 millones. Estos fondos serán destinados a robustecer programas sociales, en una decisión que ha suscitado un intenso debate sobre las prioridades del gasto público.

Entre los proyectos suspendidos destaca la modernización de la línea Belgrano Sur, una arteria vital que conecta el sur de la Ciudad de Buenos Aires con localidades densamente pobladas del Gran Buenos Aires, como Gregorio de Laferrere y González Catán en La Matanza, y otras en Merlo y Morón. Esta cancelación impacta directamente en miles de usuarios que esperaban mejoras en la calidad del servicio.

Según fuentes gubernamentales, la decisión responde a la necesidad de «iniciar un proceso de reestructuración de cartera y alinearla a las prioridades estratégicas» del país. Se argumenta que el Estado debe reducir su rol como empresario, dejando espacio al sector privado. Esta postura se refleja en la instrucción de cancelar «saldos no comprometidos de operaciones vigentes», como la del Belgrano Sur, para volcar esos recursos a programas sociales.

Esta reasignación de fondos no solo afecta al sector ferroviario. Otros programas que también sufrieron recortes incluyen iniciativas de energías limpias para hogares y comunidades vulnerables, financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), programas de agua y saneamiento, políticas alimentarias para poblaciones vulnerables, la eliminación de la «brecha digital», infraestructura para inundaciones y programas sobre economía del conocimiento.

Si bien no se especificaron los alcances de los planes sociales que se verán beneficiados, la medida ha generado diversas reacciones. Sectores de la oposición han criticado la decisión, argumentando que el desarrollo de infraestructura es fundamental para el crecimiento económico a largo plazo. Por otro lado, defensores de la medida sostienen que la prioridad actual es atender las necesidades sociales más urgentes.

Esta decisión se suma a un contexto donde la inversión en infraestructura en Argentina ha fluctuado en los últimos años. Según datos de CIPPEC, en 2020 el Estado invirtió cerca del 1,3% del PBI, cifra que aumentó a 2,2% en 2021, mostrando la importancia de la obra pública para la reactivación económica y el bienestar social. Sin embargo, la actual coyuntura ha llevado al gobierno a priorizar el gasto social en detrimento de otras áreas.