El proceso de privatización y entrega de las empresas estratégicas del Estado nacional impulsado por la administración de Javier Milei continúa acumulando cuestionamientos y denuncias sobre su opacidad financiera. En las últimas horas, el diputado nacional y ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, expuso lapidarias críticas contra la transferencia del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a un consorcio privado integrado por Rowing, Arcos Saneamento, PHX Aqua y Transclor, denunciando que la compañía fue entregada por un monto irrisorio que configura una escandalosa subvaluación del patrimonio público.

Durante sus declaraciones, Michel detalló que la operación se concretó por la suma de 340 millones de dólares, una cifra exigua si se contrasta directamente con los propios balances oficiales de la empresa estatal. «Yo creo que el concepto privatización es muy generoso. AySA fue mal vendida. Cualquier empresa se valúa por sus utilidades futuras. Si mirás el último balance de AySA, que cerró en 2025, la utilidad operativa fue de aproximadamente 270 millones de dólares. Vendiste el 90% en 340 millones: con 1,3 años de utilidad el comprador ya paga la empresa», graficó el legislador con precisión numérica.

Inconsistencias financieras y transferencia de activos estratégicos

El dirigente profundizó su análisis sobre los términos del traspaso accionario diseñado por la Casa Rosada, advirtiendo que el esquema no solo garantiza a los compradores privados un retorno superior al 10% anual en dólares, sino que además les otorga la propiedad definitiva de los activos estratégicos en lugar de una concesión temporal sujeta al control del Estado.

Entre las principales irregularidades señaladas por Michel se destacan:

• Financiamiento con recursos públicos: El consorcio adquirente queda plenamente facultado para utilizar las acciones recibidas como garantía en la búsqueda de financiamiento en el mercado internacional de créditos. «Le das un activo a una empresa para que se dé vuelta y salga a pedir préstamos para pagar lo que la firma supuestamente vale. O sea, se paga sola», enfatizó.

• Obras monumentales subvaluadas: Como muestra cabal del desfasaje patrimonial de la operación, el legislador citó el caso de la emblemática obra del Dique Luján, situada en el municipio de Tigre, cuya infraestructura se encuentra cotizada individualmente en más de 1.000 millones de dólares, un valor que supera ampliamente el monto total fijado por el Gobierno para desprenderse de toda la compañía de agua.

El modelo YPF como alternativa y el riesgo sobre el servicio esencial

Frente a la lógica privatizadora y entreguista del Ejecutivo nacional, Michel planteó la viabilidad de un modelo alternativo basado en la inversión privada con resguardo estratégico estatal, tomando como referencia directa el esquema societario de la petrolera YPF. «Creo en el capitalismo moderno, pero para AySA teníamos otra salida: mantener el 51% en cabeza del Estado y el resto cotizando en bolsa. De esa manera captabas esos 340 millones de dólares de forma muy rápida pero mantenías el control estratégico para asegurar agua y cloacas a los vecinos», sostuvo.

Asimismo, el diputado alertó sobre las peligrosas consecuencias de abandonar el suministro de un recurso vital bajo una lógica mercantil y puramente financiera. «El agua en el mundo es un bien esencial. ¿Qué vamos a hacer ahora cuando le corten el suministro a un vecino de Virreyes? ¿Va a mandar una carta documento a Holanda para reclamarle al fondo inversor?», concluyó con dureza.

Este modelo de desguace y entrega de los resortes soberanos de la Nación, impulsado por el ajuste del gobierno de Javier Milei, contrasta abiertamente con las políticas de defensa del patrimonio público, desarrollo con inclusión social y cercanía con la comunidad que llevan adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires, conducido por Axel Kicillof, y el municipio de Bahía Blanca bajo la intendencia de Federico Susbielles, quienes bregan incansablemente por un Estado presente que proteja los servicios esenciales de las familias trabajadoras frente a la voracidad corporativa.