El exdiputado entregó un escrito de 141 páginas a la Justicia para rechazar las acusaciones de lavado de dinero vinculadas a Federico Machado

Tras meses de mantener un bajo perfil mediático y luego del impacto político que derivó en el cierre de su postulación en las elecciones legislativas de 2025, el economista y exdiputado José Luis Espert rompió el silencio para defenderse en la causa penal que investiga un presunto lavado de dinero. A través de un extenso descargo judicial de 141 páginas —que abarca un escrito principal de 65 fojas y 76 folios de documentación anexa—, la defensa del referente liberal solicitó el sobreseimiento y rechazó haber participado en maniobras ilícitas vinculadas al empresario Federico «Fred» Machado.

En forma paralela a su presentación ante los tribunales, Espert publicó una serie de mensajes en sus redes sociales para exponer públicamente la documentación aportada al expediente. Bajo el postulado de haber respondido cada punto de la imputación con respaldo probatorio, la estrategia del exdiputado apunta a demostrar que la recepción de los USD 200.000 correspondió a un pago legítimo por servicios de consultoría y que nunca existió una estructura orientada al blanqueo de capitales de origen ilícito.

La validez del contrato y la trazabilidad bancaria

El eje central de la argumentación defensiva radica en la validez jurídica del contrato comercial firmado con la contraparte. Según expuso el economista, el acuerdo de prestación de servicios fue certificado ante un escribano público en 2019 y contó con el correspondiente apostillado oficial del Estado argentino. Asimismo, se incorporaron a la causa peritajes informáticos de extracción forense y certificaciones notariales que acreditan la existencia de correos electrónicos intercambiados en 2019, año en que se iniciaron las conversaciones de índole profesional.

A su vez, la defensa hizo hincapié en la bancarización de la transacción. El giro por USD 200.000 se efectuó a través de una única transferencia bancaria internacional destinada a una cuenta titular registrada a nombre del propio Espert, con su identidad explicitada en los registros de la operación. De acuerdo con el planteo del exlegislador, la plena identificación de las partes y el uso del sistema financiero formal resultan incompatibles con los métodos habituales empleados para la ocultación o disimulación de activos.

Los antecedentes de Federico Machado y la temporalidad de los hechos

Otro de los aspectos abordados en la presentación judicial refiere al grado de conocimiento que Espert tenía sobre las actividades de Federico Machado al momento de pactar la consultoría. La defensa sostuvo que, si bien el empresario era objeto de investigaciones reservadas por parte de agencias gubernamentales de Estados Unidos desde 2016, dichas actuaciones no eran de acceso público ni figuraban en los registros oficiales de los organismos de control.

En ese sentido, Espert remarcó que las acusaciones y pedidos internacionales contra Machado recién tomaron estado público en abril de 2021, dos años después de formalizado el vínculo profesional. El escrito argumenta que, durante 2019, el empresario registraba ingresos y egresos fronterizos regulares y operaba con entidades bancarias sin alertas públicas activas, lo que imposibilitaba a un particular prever la existencia de procesos penales en curso.

Justificación patrimonial y el destino final de los fondos

En materia patrimonial, la presentación rechazó las hipótesis sobre un incremento injustificado en sus bienes. El documento detalla que la evolución de sus activos responde a la incorporación del cobro de honorarios profesionales, a la aplicación de los índices de inflación vigentes y a la actualización de las valuaciones fiscales sobre bienes inmuebles y automotores que ya integraban su patrimonio con anterioridad. Respecto de la adquisición de un vehículo cuestionado en el expediente, la defensa acreditó la compra en un concesionario oficial mediante factura de venta y transferencia de fondos declarada en el Registro Seccional de la Propiedad Automovilista.

Finalmente, el argumento de fondo presentado ante la Justicia sostiene que la tipificación de lavado de dinero carece de sustento al no verificarse el retorno de los fondos al supuesto emisor. Espert afirmó que los USD 200.000 permanecieron depositados en sus cuentas bancarias, se integraron formalmente a su patrimonio y tributaron ante los organismos fiscales correspondientes. Al no registrarse devoluciones de dinero hacia Machado ni intermediaciones para reinsertar el capital en el circuito informal, la defensa concluyó que la operación constituyó un pago por servicios profesionales y no una maniobra delictiva, señalando además que utilizar la figura de un candidato presidencial para ocultar divisas carecería de toda lógica operacional.