La diputada nacional Lourdes Arrieta presentó en el Congreso el proyecto de ley 5782-D-2025, una iniciativa que propone la creación del procedimiento de «Juicio de la Verdad» en el Código Procesal Penal. La herramienta busca garantizar el derecho inalienable de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad sobre crímenes graves, incluso cuando el paso del tiempo o la prescripción impidan el dictado de una condena penal.

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La Verdad como Derecho Humano: El proyecto que busca cerrar la puerta a la impunidad del silencio

 

La agenda legislativa en materia de justicia se enfoca en un concepto fundamental: el derecho a la verdad. La diputada nacional Lourdes Arrieta ha elevado a la Cámara baja el proyecto de ley 5782-D-2025, con la finalidad de establecer un procedimiento judicial novedoso que permita el esclarecimiento de hechos de alto impacto institucional y social, más allá de las limitaciones de la acción penal.

La propuesta, denominada Juicio de la Verdad, busca su incorporación al Código Procesal Penal. Su finalidad es clara y se distingue de la condena: obtener una declaración jurisdiccional sobre la verosimilitud y acreditación de los hechos. Es decir, un juez podrá determinar si el hecho investigado «ha podido ser probado,» sin que dicha resolución implique la determinación de responsabilidad penal o civil sobre persona alguna. El foco se traslada del castigo a la reparación simbólica y el acceso a la memoria.

 

El desafío de la prescripción y los casos sensibles

 

Históricamente, el sistema judicial argentino ha enfrentado el dilema de los casos graves (como homicidios simples o agravados) donde la falta de pruebas o, más comúnmente, la prescripción de la acción penal impide que se llegue a una condena.

El nuevo procedimiento está diseñado específicamente para abordar estas situaciones. Según el texto del proyecto, esta herramienta se convertiría en un mecanismo clave en aquellas causas de alto impacto institucional en las que, a pesar de que la justicia penal no pueda avanzar, la sociedad y, crucialmente, las víctimas y sus familias, conservan el derecho legítimo a saber qué ocurrió.

En Argentina, el antecedente de los Juicios por la Verdad se remonta a la década de 1990, cuando la impunidad derivada de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (luego derogadas) y los indultos presidenciales impidió el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Los tribunales de Bahía Blanca y La Plata, pioneros en este camino, iniciaron procesos judiciales no penales para determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos, sentando las bases de una jurisprudencia de verdad que luego fue fundamental para la reapertura de los juicios penales.

La iniciativa de la diputada Arrieta toma esta bandera de la verdad, pero la extiende a los delitos comunes de homicidio cuya acción penal se haya extinguido por el paso del tiempo. De este modo, se busca ofrecer una respuesta institucional a la «dignidad humana» y el «derecho a la memoria» en un contexto más amplio.

 

Transparencia y confianza institucional

 

El proyecto legislativo no solo persigue una reparación de carácter simbólico para quienes sufrieron un crimen, sino que también apunta a fortalecer la confianza en las instituciones y en el sistema de justicia. Al garantizar que el Estado, a través de una sentencia de verdad, no permitirá que el silencio se imponga sobre los hechos, se combate activamente la percepción de impunidad.

La propia legisladora fundamentó la necesidad de esta herramienta:

“La verdad es un derecho. Este procedimiento busca reparar simbólicamente a las víctimas, fortalecer la confianza en las instituciones y evitar que el silencio se convierta en impunidad,” expresó la diputada.

Con esta presentación, Lourdes Arrieta refuerza una agenda política centrada en la transparencia y el control institucional, proponiendo un cambio en el paradigma procesal que prioriza a las personas y su derecho a la información en el ámbito de la justicia, marcando un camino firme hacia una justicia más inclusiva y humana. La normativa propone que el trámite se regirá por las normas previstas para las causas de acción privada, permitiendo que el juez adecúe las formas y plazos para garantizar la publicidad del debate y el acceso a la prueba.