El pacto político entre el kirchnerismo y Milei incluye la represión.

El gobierno de Kicillof le ha cedido a la ministra Bullrich y el gobierno de Milei la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de reprimir la protesta popular. Un inusitado operativo de la gendarmería y la policía federal se ha instalado en la Ruta Provincial 4 con el objetivo de evitar el acampe de miles de trabajadoras y trabajadores desocupados que se encuentran luchando contra el hambre, reclamando por la restitución de los alimentos para los comedores populares que la ministra Pettovello sigue reteniendo en los depósitos.

El cesión de jurisdicción por parte de Kicillof a la represora Bullrich representa un salto en la colaboración política del kirchnerismo con el gobierno de Milei. Esta política ya tiene su expresión en el colaboracionismo y la pasividad de las centrales sindicales ante la ofensiva antiobrera de Milei y en el propio Congreso Nacional, con la firma de Corpacci del pliego del juez Lijo.

Rechazamos la represión y la persecución y defendemos el derecho legítimo del pueblo a manifestarse y luchar por sus demandas. Hacemos responsable al gobierno nacional de Milei, al gobierno provincial de Kicillof y gobierno municipal de Espinoza de cualquier tentativa represiva contra el movimiento piquetero movilizado.