A través de un comunicado titulado «Las señales del poder», la central obrera admitió errores en incidentes recientes, pero denunció una «persecución política» por parte de la fiscalía y abusos patronales contra los trabajadores.

En un extenso y contundente comunicado firmado por sus secretarios generales, Roberto Arcángel (Camioneros) y Carlos Boer (UOCRA), la CGT Delegación Regional Bahía Blanca fijó su postura sobre los hechos de violencia ocurridos recientemente en un centro de compras local. El documento marca un punto de inflexión al reconocer que la respuesta de algunos integrantes frente a «provocaciones» no fue la adecuada, aunque contextualiza el conflicto dentro de una serie de reclamos por derechos laborales básicos.

El reconocimiento de los hechos y la crítica patronal

El texto comienza con una admisión directa: «El punto de partida es admitir el error». La central obrera reconoció que, si bien se buscó defender a trabajadores que estaban siendo «coaccionados» dentro del establecimiento, las acciones empleadas no fueron las correctas. Sin embargo, la CGT fue tajante al señalar que la violencia no es unidireccional.

Denunciaron prácticas empresariales que calificaron como «hechos de violencia», tales como la amenaza de despido para forzar el trabajo en días feriados o la prohibición de salida de los edificios. En este sentido, aseguraron que los sindicatos responderán con todas las herramientas constitucionales para proteger la dignidad de sus representados.

Cuestionamientos a la justicia

Uno de los puntos más críticos del comunicado apunta directamente hacia el desempeño de la fiscalía. Desde la CGT se cuestionó la falta de objetividad y lo que consideran una «exposición mediática» desproporcionada. Según la central obrera, la actuación judicial parece estar más enfocada en enviar «señales políticas» que en la aplicación objetiva de la ley.

«Nos preguntamos si la fiscalía manda señales o busca que se aplique objetivamente la ley», reza el texto, exigiendo que el proceso judicial se lleve a cabo sin prejuicios hacia los trabajadores y respetando la división de roles, donde las señales políticas deben quedar exclusivamente en manos de quienes fueron elegidos por el voto popular.

Revisión de protocolos y futuro

Como medida constructiva, la CGT anunció que recogerán el guante para ajustar sus propios protocolos de actuación durante las medidas de fuerza. El objetivo es evitar «desviaciones» que opaquen la discusión de fondo: la defensa de los trabajadores.

Finalmente, la dirigencia gremial advirtió que no aceptarán la «estigmatización» de su rol y que mantendrán su presencia firme en las mesas de discusión, en los paros y en la calle. «No vamos a claudicar en el mandato que nos dieron los trabajadores de defender su dignidad», concluyeron.