El Ministro de Defensa, Luis Petri, se encuentra bajo el foco de la controversia por la cuestionada decisión de subastar 13.000 hectáreas de predios pertenecientes al Ejército Argentino en la provincia de Córdoba. La iniciativa, que se inscribe en un plan de monetización de activos estatales, generó un fuerte rechazo de entidades rurales y críticas sobre la falta de transparencia en la disposición de bienes estratégicos, reviviendo el debate sobre el destino del patrimonio militar.

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El Plan de Desprendimiento y la Cifra que Genera Alarma

 

El Ministerio de Defensa, bajo la conducción de Luis Petri, ha avanzado con un plan de enajenación de inmuebles que el Estado considera «innecesarios» para la función militar. En este contexto, la venta de una porción masiva de tierras del Ejército en Córdoba ha suscitado una ola de críticas y denuncias políticas.

La acusación central apunta a la subasta de un predio de hasta 13.000 hectáreas que, si bien la información oficial más precisa se refiere a la venta de 8.267 hectáreas del establecimiento «Ejército General Paz de Remonta» ubicado en Ordóñez, en el sudeste de Córdoba, el volumen total de tierra militar bajo la mira de la venta en la provincia se ha convertido en un punto de conflicto ineludible. Este predio de Ordóñez, dividido en 47 lotes, tiene un objetivo de recaudación estimado en cerca de 100 millones de dólares, una cifra que subraya la magnitud de la operación.

El proceso de venta está siendo gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que ha ratificado el plan a pesar del fuerte descontento en el sector agropecuario y político.

 

El Campo Contra la Concentración: La Resistencia de las Bases Rurales

 

La decisión de avanzar con la subasta encontró una oposición contundente por parte de las entidades que representan a los pequeños y medianos productores. La Federación Agraria Argentina (FAA) se manifestó públicamente, solicitando la suspensión inmediata del remate. El argumento principal de la FAA se centra en que el mecanismo de subasta pública, tal como está planteado, no garantiza la accesibilidad a los pequeños y medianos agricultores, quienes no pueden competir con los grandes pools de siembra, empresas o capitales extranjeros.

La dirigencia rural insiste en que estas vastas extensiones de tierra deberían ser destinadas a fines de «desarrollo territorial» que beneficien a la comunidad local, en lugar de ser absorbidas por grandes inversores. La preocupación radica en la posible concentración de la tierra en pocas manos, lo que contraviene los principios de fomento a la producción familiar y sostenible en la región.

A esta crítica se sumó Coninagro, señalando que la falta de créditos a largo plazo para la compra de tierras por parte de los productores locales crea un escenario de competencia desigual que favorece al gran capital.

 

El Rol de Defensa: ¿Desfinanciamiento o Racionalización?

 

Desde el Ministerio de Defensa, la justificación de estas ventas se basa en la necesidad de «racionalizar» el patrimonio inmobiliario de las Fuerzas Armadas y obtener fondos frescos para el reequipamiento y la modernización militar, una agenda que el ministro Petri ha impulsado desde su asunción.

Sin embargo, los críticos señalan que la celeridad y el volumen de las ventas, especialmente en zonas de alta sensibilidad social y ambiental, sugieren un desprendimiento de activos sin una planificación estratégica de largo plazo. Además, el debate se contamina con la histórica preocupación por la venta de predios militares que tienen una connotación histórica sensible, como el caso de una porción de Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires, que también fue habilitada para la venta y que funcionó como un Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura. Aunque el predio de Ordóñez no tiene las mismas connotaciones históricas, la política de ventas a gran escala plantea un riesgo en la soberanía territorial y el uso futuro de esas extensiones.

La Justicia Federal está atenta a las denuncias de las organizaciones sociales y de derechos humanos que buscan frenar estas subastas. En el caso de Lobos, la controversia política y social se suma al foco de atención que tiene el ministro Petri, quien ya ha enfrentado cuestionamientos por la desarticulación de áreas de Derechos Humanos en la cartera y la suspensión de militares condenados por crímenes de lesa humanidad.

La disputa por las 13.000 hectáreas en Córdoba se consolida así como un termómetro de las tensiones entre la política de ajuste y monetización de activos del gobierno nacional y las demandas de soberanía territorial y desarrollo local de las comunidades.