Un reciente informe del Interamerican Institute for Democracy, con sede en Estados Unidos, ha puesto el foco en las «provincias feudales» de Argentina, señalando a Catamarca como un caso paradigmático de concentración de poder en manos de unos pocos clanes familiares. La investigación periodística profundiza en esta denuncia, revelando una presunta red de corrupción que vincula directamente a la familia del vicegobernador, Rubén Dusso, con la empresa china de litio Liex S.A. (subsidiaria de Zijin). El caso expone cómo la aprobación del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) podría estar facilitando negocios que benefician a funcionarios y no al país.

El informe detalla que, para operar en la provincia, la empresa china habría contratado a una compañía local como «tercerizadora de servicios» con el fin de canalizar transferencias de dinero y evitar que queden registradas bajo su nombre. La firma elegida, AUDES S.A., emitió una «carta de autorización» para supervisar obras en Fiambalá en nombre de Liex S.A. Sin embargo, el informe periodístico sostiene que AUDES S.A. sería una empresa «fantasma». Para darle una fachada de legalidad, AUDES S.A. habría realizado un acuerdo con la empresa ALTCALY S.A., cuyo presidente es Juan Pablo Dusso, Concejal de San Fernando del Valle de Catamarca e hijo del vicegobernador de la provincia.

Negocios Familiares y Contratos Millonarios

La denuncia se basa en la existencia de contratos de mutuo (préstamos) entre AUDES S.A. y la empresa del concejal Dusso, ALTCALY S.A., por un monto total que supera los 390 millones de pesos. Estos contratos detallan préstamos para la adquisición de «tractores» y otros vehículos, lo que levanta fuertes sospechas sobre el verdadero propósito de las transacciones. El sitio web de la empresa de Dusso, ALTCALY, no existe, lo que refuerza la hipótesis de una triangulación para ocultar el origen y el destino de los fondos.

El entramado de corrupción no se detiene allí. La vicepresidenta de la empresa estatal CAMYEN, Natalia Dusso, también hija del vicegobernador, es presentada en una feria internacional como una figura clave en la promoción de las inversiones mineras en la provincia. La presencia de AUDES GROUP S.A. en un convenio de cooperación con la empresa estatal CAMYEN es señalada como otra «casualidad» que evidencia los lazos familiares y políticos en el negocio minero.

La investigación cita al Instituto Fraser, que en una encuesta a empresas mineras que operan en Argentina, destaca la falta de transparencia y la «obligación de contratar servicios con operadores del gobierno local». Esta práctica, conocida como el «pago de una tarifa» a políticos para poder operar, ha sido facilitada por el RIGI, permitiendo que las empresas extractivistas se lleven los recursos naturales, mientras que los políticos se quedan con las ganancias y las comunidades con la contaminación ambiental.

Reacciones y Cierre Judicial

A pesar de la gravedad de las acusaciones, la mayoría de los medios de comunicación han guardado silencio sobre el tema. Solo un medio local de Catamarca se ha atrevido a denunciar el presunto fraude, vinculando a la familia Dusso con la empresa china Zijin. La falta de acción judicial se suma al patrón de impunidad. La empresa china fue investigada previamente por la Aduana por sobrefacturación en importaciones de maquinaria, lo que refuerza las sospechas de un esquema de negocios ilícitos.

El caso de la familia Dusso y la minera Zijin es un claro ejemplo de lo que el informe estadounidense denomina «Argentina feudal». Mientras políticos como el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, defienden la minería como un motor de desarrollo, las evidencias apuntan a que las inversiones extranjeras a menudo se traducen en un enriquecimiento ilícito para unos pocos, a expensas de los recursos naturales y la economía del país.