Durante la discusión en la Legislatura Nacional sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil, la diputada Lourdes Arrieta respaldó la incorporación de su proyecto al dictamen de mayoría. Planteó la baja de la edad de imputabilidad para delitos graves, la corresponsabilidad parental y un sistema centrado en la reinserción social.

 

En el marco del debate legislativo sobre la modificación del Régimen Penal Juvenil, la diputada Lourdes Arrieta defendió su iniciativa para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años en casos de delitos aberrantes y destacó que los ejes centrales de su proyecto fueron integrados al dictamen de mayoría.

Durante su discurso del 12 de febrero, la legisladora describió la inseguridad como una problemática concreta que afecta la vida cotidiana. “La inseguridad no es una sensación: es una mujer que llega a casa con miedo, es un trabajador que mira hacia atrás cada dos cuadras, es una familia que vive en estado de alerta”, afirmó, al justificar la necesidad de una respuesta estatal más firme ante delitos graves.

Arrieta recordó que en marzo del año pasado presentó un proyecto para reformar el régimen vigente y aseguró que la iniciativa es resultado de un trabajo sostenido. Según explicó, la propuesta contempla la imputabilidad desde los 14 años para crímenes como homicidios agravados y hechos que generen daños irreparables a las víctimas y sus familias. “No estamos hablando de errores; estamos hablando de delitos y de crímenes, independientemente de la edad”, sostuvo.

Corresponsabilidad parental y prevención

Uno de los puntos centrales del proyecto es la corresponsabilidad de los padres o tutores. El dictamen establece la responsabilidad civil con apercibimiento económico y la implementación de programas de formación ciudadana orientados a la prevención del delito juvenil.

La diputada señaló que la integración de su iniciativa al dictamen de mayoría fue posible a partir de acuerdos entre distintos sectores políticos. “Dejamos las diferencias de lado y nos pusimos a buscar soluciones en conjunto”, expresó.

Programas de reinserción

La reforma también prevé un esquema de reinserción social basado en equipos interdisciplinarios especializados en minoridad. Entre las medidas incluidas figuran la finalización de estudios secundarios, talleres de oficios, actividades deportivas y artísticas, y acompañamiento psicológico tanto para los jóvenes como para sus familias.

Además, se contempla la posibilidad de que los jueces dispongan tareas o servicios comunitarios según la evolución de la conducta del menor. Arrieta subrayó que el objetivo es integrar prevención, reinserción y reparación del daño a las víctimas. “Gobernar es construir acuerdos cuando el fondo es el mismo: darle justicia a los ciudadanos y oportunidades reales a los jóvenes en conflicto con la ley”, afirmó.

Contexto social y responsabilidad

Durante su intervención, la legisladora reconoció que muchos jóvenes involucrados en delitos provienen de contextos de vulnerabilidad social. Señaló la ausencia histórica del Estado en ciertos barrios y cuestionó políticas asistencialistas que, según indicó, no generaron oportunidades de desarrollo.

No obstante, remarcó que comprender el contexto no implica justificar el delito. Desde una perspectiva vinculada a sus creencias religiosas, sostuvo que la redención requiere asumir responsabilidades. “La misericordia no anula la justicia, todo lo contrario: la completa”, expresó.

“Orden con humanidad”

Arrieta enfatizó que la reforma no busca crear “depósitos de menores”, sino centros de recuperación efectivos que contemplen tanto la protección de los jóvenes como el respeto por las víctimas. “Orden sin humanidad es crueldad; humanidad sin orden es abandono”, afirmó.

En el cierre de su discurso, llamó a sus pares a actuar con decisión frente a la demanda social de mayor seguridad. “La sociedad hoy no nos pide ideología, nos pide coraje: coraje para poner la cara por las víctimas”, concluyó, antes de cerrar con una referencia patriótica y religiosa.