El Ministerio de Seguridad bonaerense dio marcha atrás con el nombramiento del exconcejal bahiense tras el escándalo nacional por sus antecedentes. El ministro Javier Alonso alegó desconocimiento, dejando en evidencia una alarmante falta de control o una complicidad negligente de los referentes locales.

La política bonaerense suele regalar espectáculos dantescos, pero el fugaz paso de Jonatan Arce por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires merece un capítulo aparte en el manual de la impunidad. Apenas 24 horas después de que su designación fuera oficializada en el Boletín Oficial, el ministro Javier Alonso se vio obligado a firmar su despido. El motivo es tan público como escandaloso: el «Pipetagate».

Para quienes tienen memoria corta —o para los funcionarios provinciales que parecen vivir en otra dimensión—, cabe recordar que Arce debió renunciar a su banca en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca el año pasado. ¿La razón? Se negó sistemáticamente a realizarse un control de alcoholemia tras un incidente vial. En aquel entonces, el mensaje fue claro: quien legisla no está dispuesto a cumplir la ley. Sin embargo, para la cartera que debe velar por la seguridad de los ciudadanos, ese antecedente parece haber sido, hasta ayer, un detalle menor.

El juego del «yo no fui» y la ceguera oficial

Desde el entorno de Alonso se apresuraron a instalar la narrativa del desconocimiento. Resulta inverosímil que un ministerio que cuenta con acceso a antecedentes, legajos y una estructura de inteligencia criminal no haya podido realizar una búsqueda básica en Google antes de estampar una firma. Premiar con un cargo ministerial a quien huyó de una pipeta de alcoholemia no es solo un error administrativo; es una bofetada a la ética pública.

La pregunta que resuena con fuerza en los pasillos de la Gobernación y en las calles de Bahía Blanca es: ¿quién le vendió este «paquete» al ministro? Resulta imposible creer que nadie advirtió sobre la calaña del designado. Todas las miradas apuntan ahora a Federico Montero, el funcionario local que actúa como el ojo y la voz del Ministerio de Seguridad en la región.

El rol de Federico Montero bajo la lupa

Si Montero, conociendo de primera mano el barro político bahiense y el impacto que tuvo el caso de Arce en la ciudad, no levantó el teléfono para avisar que estaban nombrando a un infractor serial, estamos ante un caso de negligencia profesional absoluta. Si lo sabía y permitió que la designación avanzara, la situación es aún más grave: se trataría de una protección política que subestima la inteligencia de los bahienses.

¿Hubo un «tirón de orejas» para Montero por dejar que el ministro Alonso hiciera el ridículo a escala provincial? ¿O acaso el «Pipetagate» es una moneda de cambio corriente en las negociaciones de cargos que nada tienen que ver con la idoneidad y mucho con los favores personales?

La marcha atrás no borra el papelón. La designación de Arce, aunque haya durado menos que el efecto de una noche de copas, deja al descubierto los criterios con los que se maneja el Ministerio de Seguridad: un espacio donde, al parecer, el cumplimiento de la ley es opcional para los amigos del poder.