La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, se encuentra en el ojo de la tormenta judicial y política tras una serie de detenciones y allanamientos a militantes que, según fuentes cercanas, no tienen precedentes recientes. La intensificación de estas acciones judiciales, que habrían coincidido con el «escrache a Espert», ha generado «estupor» en la Cámara Federal, donde ya se la compara con el fallecido juez Claudio Bonadio.

La situación escaló luego de que el periodista Eduardo Feinmann anticipara públicamente la posibilidad de que la próxima en ser detenida sea Mayra Mendoza, actual intendenta de Quilmes. Esta predicción ha alimentado las especulaciones sobre los verdaderos motivos detrás de las contundentes medidas de Arroyo Salgado.

En los pasillos de Tribunales, una de las explicaciones más comentadas es la presunta búsqueda de la jueza por «ganar centralidad y quedar bien con el gobierno de Javier Milei». La versión que circula con fuerza es que Arroyo Salgado aspiraría al cargo de Procuradora General de la Nación y, para lograr el apoyo del oficialismo, estaría «evaluando detener a Mayra Mendoza» o, según el texto proporcionado, «iría por la cabeza de la intendenta de Quilmes».

La magnitud de las detenciones ha llevado a que en ámbitos judiciales se muestre asombro por la «deriva en el uso del poder punitivo», calificando las medidas de privación de libertad como «inadmisibles frente a episodios que distan de constituir delitos». El Partido Justicialista de Bahía Blanca, por ejemplo, emitió un comunicado expresando su «absoluto repudio a la detención de compañeras militantes» y exigiendo su «inmediata libertad». Argumentan que estas respuestas «desproporcionadas marcan un retroceso en la calidad institucional» y comprometen el «equilibrio democrático».

La trayectoria de Arroyo Salgado también es parte del debate. Si bien en sus inicios se la vinculó con el exespía Antonio Stiusso, de quien se habría distanciado en los últimos años, ahora se comenta en los tribunales su frecuente presencia en la Embajada de Estados Unidos.

La situación, que se desarrolla bajo la atención de medios como Crónica Política y La Política Online, promete seguir generando repercusiones en el ámbito judicial y político nacional.